En Señal de la Mañana, el viceministro de Interior, Gustavo García, dio detalles de cómo se coordina la seguridad de los candidatos y los electores en los comicios que se desarrollarán en pocos días. Según el funcionario, se han recorrido los territorios y hay un trabajo completo por parte de la fuerza pública respecto al aseguramiento de los puestos de votación.
“Están dadas todas las garantías. Colombia ha tenido elecciones en conflictos con peores condiciones a comparación con las de hoy. Igualmente, necesitamos el compromiso de todas las entidades, los entes del control, la Registraduría y demás jurisdicciones”, sostiene García.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ha dispuesto la plataforma Uriel, que se encarga del seguimiento de los procesos electorales y la recepción al trámite de las denuncias y quejas por delitos e irregularidades que afecten el normal desarrollo de las regiones.
“Hemos recibido cerca de 2.000 quejas y más de 520 tienen que ver con intromisión de funcionarios públicos en temas electorales, hay 315 quejas por trashumancia y publicidad. Esto tiene que ver más con el comportamiento de los partidos y los candidatos”, afirma el viceministro.
Se crearon ocho comisiones nacionales para hacer veeduría en las zonas, y cerca de 200 subcomisiones municipales. Hasta el momento hay diez procesos de alerta temprana en Chocó, Barrancabermeja, Nariño, Risaralda y Arauca.
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“Seguimos atendiendo temas de orden público, tema logístico y revisando los delitos contra los derechos humanos en la época electoral. Se está restableciendo confianza entre comunidad y fuerza pública, lo cual destaco como un gran logro”, sostiene el funcionario.
Según datos entregados por el viceministro, hay un rango de 100 amenazas que están siendo tratadas en el Comité de Protección Electoral. Respecto a los cerca de 500 candidatos inhabilitados, según el secretario de transparencia, el viceministro sostuvo que “el ministro puso en sus justas proporciones el informe. El mismo secretario aclaró que este no tiene la connotación inhabilitante que requiere. Lo que hicimos fue trasladar los casos al Consejo Nacional Electoral, que es la jurisdicción indicada para decidir”.