La Fiscalía archivó la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, en 2018, en favor de su gerente de campaña Blanca Inés Durán.
Esta decisión la tomó la Fiscalía tras concluir que la campaña electoral del entonces candidato Gustavo Petro, de la cual Blanca Inés Durán fue su gerente de campaña, actuó conforme a las reglas legales existentes para ese momento e, incluso, implementó medidas adicionales para intentar evitar el ingreso de recursos prohibidos por la ley.
Esta investigación se abrió en 2020, con ocasión de una compulsa de copias ordenada por el Consejo Nacional Electoral por el delito de financiación de campañas con recursos provenientes de fuentes prohibidas.
Esto porque, supuestamente, la campaña de Petro habría recibido aportes de servidores públicos. Es decir, de Bertha Isabel Bravo Reyes, quien se desempeñaba en ese tiempo como funcionaria de la Secretaría de Educación de Cartagena; Sandra Mónica Salazar, quien trabajaba en la Contraloría General de la Nación; y Gonzalo Pérez Buitrago, quien era funcionario en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
En días anteriores, la Corte Suprema de Justicia indicó que el mandatario entrante no será investigado por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2018.
“La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación penal contra el senador y presidente electo, Gustavo Petro Urrego, por la presunta financiación irregular de la campaña que emprendió para los comicios presidenciales del año 2018”, dictó la Corte.
Los señalamientos contra Petro indicaban que el ahora presidente electo habría recibido financiación de la Sociedades Monómeros S.A, Ecofertil S.A, Sociedad Portuaria Monómeros Colombia, y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida –compañías de origen extranjero–.