La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha revelado el mapa de la impunidad frente a los delitos de corrupción en Colombia. Utilizando datos públicos recopilados entre 2010 y 2023, se identificaron las regiones del país con mayor cantidad de casos sin resolver. El propósito de esta investigación es permitir a las autoridades dar seguimiento a estos hechos y buscar la justicia en relación a estos delitos.
El secretario Andrés Idárraga afirmó: "Estos datos son irrefutables. Colombia se encuentra sumergida en un mar de impunidad. La aplicación de la justicia en los casos de corrupción apenas alcanza un tímido y cobarde 6%. Como nación, esto nos causa vergüenza".
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De acuerdo con el informe consolidado sobre denuncias asociadas a la corrupción, se registraron un total de 57.582 casos durante el periodo investigado. Del total, el 93.99% no cuenta con una condena, el 89.7% no ha generado capturas, y el 77.15% se encuentra en etapa de indagación.
Los departamentos con mayor número de denuncias por corrupción sin condena son: San Andrés (99.1%), Guaviare (99%), Bolívar (98.5%), Putumayo (97.6%), La Guajira (97.5%), Casanare (97.5%), Córdoba (97.2%), Vaupés (97.2%), Arauca (97%), y Sucre (96.8%).
En cuanto a los delitos sin capturas, los departamentos con mayor índice son: Vaupés (98.6%), Guaviare (98%), Guainía (96%), Boyacá (95.7%), Cundinamarca (95.4%), Putumayo (95.1%), Caldas (94.5%), Huila (94.4%), Casanare (94.1%), y Santander (94.1%).
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Por otro lado, los departamentos con mayor impunidad en delitos asociados a la corrupción, es decir, sin condenas, son: San Andrés (99.1%), Guaviare (99%), Vaupés (98.5%), Arauca (97.6%), Casanare (97.5%), Putumayo (97.5%), La Guajira (97.2%), Córdoba (97.2%), Bolívar (97.2%), y Sucre (97%).
El análisis de los delitos asociados a la corrupción administrativa revela los siguientes datos: peculado por apropiación (26%), contrato sin cumplimiento de requisitos legales (24.6%), concusión (10.1%), cohecho por dar u ofrecer (9.8%), interés indebido en la celebración de contratos (7.4%), cohecho propio (3.7%), peculado por aplicación oficial diferente (3.5%), enriquecimiento ilícito (3.1%), tráfico de influencias de servidor público (2.4%), y peculado por uso (2.1%).
Ante estos hechos, el secretario anunció que convocará a la "Comisión Nacional de Moralización", la máxima instancia nacional anticorrupción, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro. El objetivo es definir propuestas de ajuste a los lineamientos de investigación y judicialización a cargo de la Fiscalía, con el fin de abordar este alarmante mapa de impunidad que nos sumerge en este desastre.
Asimismo, se propondrá la implementación del estándar de debida diligencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los investigadores. El secretario señaló: "No podemos olvidar el vínculo entre los derechos humanos y la corrupción".
La Comisión Nacional de Moralización estará conformada por el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoría, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los presidentes del Senado y la Cámara, y la Defensoría.