Judicatura se suma al llamado del Gobierno para que Congreso discuta y apruebe la Jurisdicción Agraria
Con la actual legislatura ordinaria a punto de cerrar el próximo 20 de junio, el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura han elevado un llamado conjunto al Congreso de la República para que priorice y apruebe el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural antes de que venza el plazo.
El llamado se intensificó durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural, celebrado en Villa de Leyva, Boyacá, donde la Judicatura respaldó de manera explícita la solicitud de urgencia que el Ejecutivo había radicado inicialmente en octubre de 2024 y que los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, refrendaron la semana pasada con un nuevo escrito de insistencia.
El camino de la jurisdicción agraria
El proyecto fue radicado por el Gobierno en agosto de 2024 y logró superar su primer debate en comisiones conjuntas antes de finalizar ese año. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a ser discutido en las plenarias de Cámara ni de Senado, lo que ha generado inquietud entre sus impulsores.
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La magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, subrayó la relevancia del encuentro en Boyacá como escenario de construcción institucional. "Aquí se está discutiendo competencia material, delimitación del litigio, articulación con otras jurisdicciones, procedimientos, criterios de análisis y método judicial. En otras palabras, se discute cómo una jurisdicción deja de ser diseño normativo y empieza a convertirse en práctica institucional efectiva", afirmó.
Por su parte, la magistrada Claudia Expósito, vicepresidenta del alto tribunal y coordinadora de los asuntos agrarios y rurales, destacó que la corporación avanza en el diseño de un mapa judicial ajustado a las realidades del campo. "La justicia agraria requiere entender que las necesidades de justicia varían entre territorios y exigen incorporar enfoques territoriales y diferenciales", sostuvo.
Derechos del campesinado
La ministra Carvajalino, quien participó en el evento de Villa de Leyva, fue contundente sobre lo que está en disputa si el proyecto no avanza: no se trata únicamente del acceso a la tierra, sino de un conjunto más amplio de derechos. "Los campesinos no solo tienen derecho a la tierra. También tienen derecho a las semillas, al agua, a permanecer en sus territorios y a proteger su identidad cultural, política y económica. De ahí la importancia de tener esta ley", declaró la jefa de la cartera agrícola.
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La ministra también advirtió que, de no alcanzarse la aprobación en esta legislatura, el Gobierno presentará nuevamente el proyecto el 20 de julio de 2026, al inicio de la siguiente período ordinario.
Pieza clave del Acuerdo de Paz
Más allá de la coyuntura legislativa, la Jurisdicción Agraria y Rural representa uno de los compromisos más concretos del Acuerdo de Paz de 2016: la formalización de siete millones de hectáreas de tierras y la redistribución de otros tres millones. Sin un sistema judicial especializado que respalde estos procesos, la meta difícilmente puede materializarse.
El proyecto es considerado un eje articulador de la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral, dos de los pilares centrales del actual Gobierno. El Congreso tiene menos de seis semanas para decidir.