Procuraduría pide al Gobierno no usar marchas como plataforma política
En la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales realizada en la ciudad de Cali, la funcionaria aseguró que organizaciones políticas, candidatos y ciudadanos le han manifestado al órgano de control su inquietud frente a la posibilidad de una instrumentalización de las marchas convocadas por parte de algunos aspirantes a estos comicios.
La jefe del Ministerio Público recordó que la jurisprudencia es clara en definir el criterio para entender la participación en política. “De diferentes pronunciamientos, especialmente del Consejo de Estado, se tiene como participación en política no solo el pedido expreso de votar por un candidato, sino que debe preverse, como cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo, la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda”.
Y advirtió que, en caso de romperse el equilibrio en las contiendas, es facultad de los entes de control intervenir para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos políticos de los ciudadanos.
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En su intervención realizada en la Comisión realizada en Cali, pidió nuevamente al Gobierno Nacional para que se priorice de manera urgente el orden público en las próximas elecciones.
“Me preocupa profundamente que la democracia colombiana esté nuevamente en riesgo a raíz del aumento de la violencia. Si no se garantizan unas elecciones libres, transparentes y seguras, el resultado necesariamente será una democracia y una institucionalidad debilitada, y eso no lo podemos permitir”, expresó.
Finalmente, señaló que le solicitó al registrador un informe sobre los hallazgos identificados en el primer simulacro de preconteo que se llevó a cabo en diferentes ciudades del país con la presencia de ingenieros de este ente de control, quienes llamaron la atención sobre la ausencia de personal en los Centros de Recepción Telefónica (CRT), problemas de comunicaciones entre los transmisores de los E-14 y los call center; baja participación de auditores de los partidos políticos y movimientos de ciudadanos, entre otros.
