Tras un arduo debate en el seno de las Comisiones Primera conjuntas del Senado y la Cámara, pasó a las respectivas plenarias el proyecto de ley que reforma el Código Único Disciplinario, con el cual la Procuraduría General de la Nación tendrá mayores facultades jurisdiccionales en sus procesos sancionatorios.
Al respecto la procuradora Margarita Cabello, sostuvo en la sesión que “hoy hay impunidad en el país frente a los funcionarios públicos y en especial frente a los funcionarios públicos de elección popular. Esta reforma permitirá retomar el curso y evitar que prescriban más de 10.000 procesos.
El proyecto aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así, a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
“Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad”, explicó Cabello.
Los promotores señalan que ley en proceso permitirá contar con actuaciones disciplinarias garantistas, efectivas y contundentes, para un adecuado respeto del debido proceso.