¿Cuál es el protocolo para que las personas trans puedan acceder al derecho al voto?
El protocolo para el voto trans por medio de la Resolución 3480 de 2020, es una medida para promover que se garantice el derecho al voto de las personas trans, la cual fue una iniciativa impulsada por la Misión de Observación Electoral (MOE), la fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, y que empezó a aplicarse desde las pasadas elecciones presidenciales por primera vez en la historia de Colombia.
¿Qué estipula la resolución?
Lo primero que permite es la prohibición de la negación del voto cuando una persona trans tiene un documento cuyo genero sale distinto a su identidad o expresión.
“Si eres una persona trans o no binaria y tu cédula no concuerda con la forma en la que te ves, nadie puede impedir tu voto, ni la policía, jurados de votación, testigos electorales u otra autoridad”, explicó la ONG Temblores.
A su vez, pueden elegir libremente la fila que van a utilizar para acceder a las urnas sin importar el sexo que aparece en su cédula; además, pueden elegir, al momento de una requisa, que sea un hombre o mujer el policía que lo realice.
También incluye la prohibición de requisitos adicionales como diagnósticos médicos, escrituras públicas, o registros civiles para probar que son personas trans.
Por otra parte, las personas trans tienen el derecho de presentar sus quejas ante cualquier vulneración en las mesas de justicia que hay en los puestos de votación, en el caso de tener esta herramienta, las autoridades se encargaran de la recepción de la denuncia.
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¿La herramienta ha sido afectiva?
Alelí Chaparro, abogado e investigador de la MOE explicó que la medida ha presentado dificultades desde que empezó a regir en las pasadas elecciones presidenciales del 2022.
“Hubo casos reportados de personas observadoras a quienes no les respetaron sus pronombres o sus nombres identitarios, tampoco les permitieron elegir la fila de ingreso, quien les hacía la requisa, y, adicional a eso, encontramos tres reportes de personas a quienes de plano les negaron el derecho al voto porque su documento tenía un género distinto a su identidad o expresión de género”.
A su vez explicó Chaparro que es responsabilidad de los jurados de votación denunciar cualquier hecho vulneratorio contra esta población.
“Que todas las personas en el puesto de votación estén pendientes de que a una persona trans no se le niegue el derecho al voto sin una justificación real o verdadera, o que en realidad solamente está buscando la discriminación y el desprecio del derecho al voto de las personas trans”, sentenció.
¿Dónde puedo denunciar?
Las formas de reporte que propone el Estado ante cualquier hecho que violente el derecho al voto es fundamentalmente ante la mesa de justicia de los puestos de votación, pero adicional a eso se puede reportar la situación que se presente ante la plataforma de URIEL del Ministerio de Interior, que se puede bajar en los dispositivos móviles gratuitamente o por medio de este enlace. www.mininterior.gov.co/unidad-de-recepcion-inmediata-para-la-transparencia-electoral
Las organizaciones sociales como la Misión de Observación Electoral (MOE) ofrecen ayuda y asesoramiento por medio de la plataforma ‘Pilas con el voto’ en www.pilasconelvoto.com, o también en las redes sociales de @caribeafirmativo @moecolombia, cualquier colombiano podrá denunciar cualquier irregularidad.
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Violencia electoral hacia las personas trans
En su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo aseguró que, en los últimos dos meses del presente año, se han registrado más de 40 violencias políticas basadas en género en contra de candidatas para estos comicios, de las cuales tres casos se cometieron contra mujeres trans.
“El Estado debe brindar las garantías para que el ejercicio político pueda ser llevado a cabo sin violencia y discriminación por razón de género, más aún porque las elecciones están a contados días de ser celebradas en todo el territorio nacional. La violencia de género contra mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ candidatas, debe ser erradicada por completo”, señaló el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
