Procuraduría pide cárcel para quienes cometan los delitos de injuria y calumnia
Esta demanda fue presentada por cuatro ciudadanos, que aseguraban que los artículos mencionados hablan de la pena de 16 a 54 meses de prisión para injuria, y de 16 a 72 meses para calumnia, lo que a su parecer “inhibe el ejercicio de las libertades de expresión y prensa, así como limitan el debate democrático”.
En el concepto presentado por la Procuraduría, se argumentó que se debe mantener de la misma manera los delitos como están en el código penal, ya que estos no afectan el ejercicio de las libertades de expresión y prensa y, por ende, no obstruyen la funcionalidad de dichos derechos para vigencia de la democracia.
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“Resulta infundada cualquier prevención en el ejercicio de las referidas prerrogativas por el temor a la sanción penal y, en caso de existir en el imaginario colectivo, la misma debe ser combatida a través de pedagogía constitucional, sin eliminar la posibilidad de proteger el buen nombre y la honra de las personas por medio del derecho criminal, en especial, a través de la pena privativa de la libertad que, por su naturaleza, genera una mayor coerción que la multa”, expresa el documento.
Igualmente, argumenta el ente de control que los argumentos presentados por los accionantes se fundamentan en un examen aislado de la normativa, “pues los cuestionamientos se desvirtúan con la revisión sistemática del ordenamiento jurídico penal que establece herramientas interpretativas para superar las posibles antinomias entre las normas”.
La Procuradora General resaltó que el mismo Código Penal establece una causal de ausencia de responsabilidad penal aplicable a los delitos de injuria y calumnia, la cual se sustenta en el culto a la verdad y en el interés social de desenmascarar al deshonesto.
Agregó que específicamente el Código Penal dispone que no será responsable de las conductas mencionadas quien pruebe la veracidad de las imputaciones, es decir, “cuando se demuestre que la información transmitida cumple la carga de veracidad propia de la función periodística”.
Tras el concepto, será la magistrada Natalia Ángel Cabo quien analizará los conceptos enviados por las diferentes autoridades y determinará el futuro de la demanda que busca cambiar los delitos de injuria y calumnia en Colombia.
