¿Qué viene tras la filtración de los contratos de vacunación de Colombia?
Tras la polémica por el error en la publicación de los contratos de vacunación contra el Covid-19 entre los laboratorios Pfizer y AstraZeneca con Colombia, el Consejo de Estado le solicitó a la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial su apoyo para investigar la filtración de los documentos.
“Se pidió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, realicen las investigaciones a las que haya lugar”, indicó el tribunal.
Igualmente, pidió al Consejo Superior de la Judicatura su acompañamiento para realizar una auditoría con expertos en seguridad informática y así saber en qué momento se rompió la cadena de custodia y la reserva de los contratos.
Ante estos hechos, el abogado penalista Ricardo Burgos aseguró que este error no tendrá consecuencias en el proceso judicial que se estaba adelantando para publicar o no estos contratos, pero sí habría consecuencias para los funcionarios implicados.
“En nuestro ordenamiento legal no se tipifica ninguna clase de delito, sino más bien una falta disciplinaria si los funcionarios tenían la obligación de cumplir una reserva legal frente a estos contratos, si se descubre una falta disciplinaria solo podrá la Fiscalía sancionarlos para que no vuelvan a ejercer funciones públicas, pero nunca tendrá un precedente penal o constituirá un delito”, explicó.
En caso de que el error haya sido responsabilidad de un magistrado el caso pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que adelantaría el proceso disciplinario, pues hasta el momento no hay pruebas de que esta filtración haya sido deliberada.
Burgos además indicó que esta filtración no representa un peligro para que continúe la vacunación en Colombia, ya que si existió una falla fue administrativa y no entorpecería el Plan Nacional de Vacunación.
“Vemos que países como Francia o Alemania tienen de manera pública cuánto cuesta cada vacuna, cuánto les ha costado el importe o compra de cada uno de los lotes Pfizer, Sinovac, AstraZeneca (…) Frente a la vinculación de los laboratorios si había un compromiso legal o alguna cláusula de exclusividad se le reclamará al Estado colombiano a nivel patrimonial, nos costará más, pero no podrán dejarnos de vender las vacunas que en otros lados sus precios son abiertos”, expuso.
Cabe recordar que, en medio de este proceso, el Consejo de Estado en dos ocasiones ya ha negado las tutelas de Jansenn que buscaban impedir la publicación de los contratos de las vacunas al considerar que tal recurso era improcedente.
