Senadora propone consentimiento del padre como requisito para el aborto

Por: Colprensa

La senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, manifestó su postura de que sea obligatorio el concepto del padre a la hora de decidir sobre un aborto y que también se tenga en cuenta su consentimiento frente a si el embarazo continúa.

Cabe recordar que la sentencia C-355 de 2006 contempla la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo en caso de ser producto de una violación, si hay una malformación del feto, o si constituye un daño físico o mental para la madre.

La iniciativa de la senadora Guerra se denominaría ‘Ley Juanse’, tras el caso de una joven en Popayán, que alegó problemas psicológicos y decidió acceder a la interrupción del embarazo con siete meses de gestación, pese a la oposición de su pareja.

La congresista Guerra ya había exppresado estar en desacuerdo con con las causales que enumera la Corte para avalar el aborto, asegurando que “más bien el Congreso es el que debe legislar sobre estos temas y decidir sobre la vida de un ser que está por nacer”. Para la congresista, aún no hay ninguna legislación vigente “porque el Congreso no ha aprobado ninguna ley que avale el aborto".

Sandra Mazo, coordinadora del movimiento 'Católicas por el derecho a Decidir', resaltó que, a pesar de que está en proceso de estudiar a fondo lo planteado, considera que esta medida puede considerarse como un retroceso en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que puede limitar o coartar significativamente la opción de decidir sobre su cuerpo y su deseo de convertirse en madre.

“Es una posición muy compleja, porque yo no me imagino a una mujer violada preguntándole a su agresor si da el consentimiento para que interrumpa su embarazo, además que este proyecto va en contra de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho de las mujeres a decidir”, manifestó.

Mazo destacó además que se requiere legislar para garantizar la protección a la integridad de las mujeres y crear entornos que ayuden a este proceso, pues esta propuesta podría generar una barrera más a las que ya de por sí se ponen, para interrumpir voluntariamente un embarazo, dentro de las tres causales que contempla la Corte Constitucional.

Por su parte, Catalina Calderón, abogada especialista en derecho internacional y líder del movimiento ‘Todos somos una’, resaltó que otro riesgo que puede existir con este proyecto, es que se ponga la vida del que está por nacer, por encima de la integridad de la mujer gestante.

"En el caso de una mujer que tenga una afectación a su salud física y ponga en riesgo su vida, puede pasar que la otra persona decida salvar la vida del feto y dejar que la mujer muera, lo cual es un retroceso gravísimo a la lucha por los derechos de salud sexual y reproductiva, es algo inconcebible", puntualizó Calderón.

Al igual que Mazo, Calderón consideró que la decisión de la mujer sobre su cuerpo y su proyecto de vida, no debe ser supeditado a lo que diga una tercera persona, en especial, en casos como el de las mujeres que sufren de violencia sexual.

De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, lo que equivale al 43,4 % de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6.479 fueron realizados a menores de edad. La mayoría de casos han ocurrido en niñas entre los 5 y 9 años, y 10 y 14 años. La población indígena y negra de la nación es la más vulnerable ante estos hechos.

Con información de Colprensa.