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Defensoría emitió alerta temprana por presencia de disidencias en el sur del Tolima

Defensoría del Pueblo entregó 50 recomendaciones a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales de la región para atender la situación de riesgo.
Freddy Nagles

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2022 por la expansión de disidencias de las Farc en el sur del Tolima. De acuerdo con la entidad, la llamada Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente buscan tener presencia, crecimiento y expansión en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el sur del Tolima.

“Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), identificamos alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación; de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; de extorsiones y la utilización de armas no convencionales”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

En la subregión sur del Tolima y según resaltó el funcionario, las dos estructuras disidentes “entregan panfletos en los que incluyen normas de control social”. Con ello, buscan “recuperar el control ilegal que ejercían en estas zonas antes de la firma del acuerdo de paz, en septiembre del 2016”, recalcó Camargo.

Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios mencionados anteriormente: mientras en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para el 2021 alcanzaron los 41 casos, explicó el vocero de la entidad. En los últimos meses, “estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc”.

Ante los riesgos, la Defensoría del Pueblo entregó 50 recomendaciones a diversas entidades del Estado, entre esas, a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías de los municipios en cuestión, para que atiendan la situación de riesgo, detallar los recursos humanos y financieros, así como los plazos y acciones concretas para evitar vulneraciones a los derechos de la comunidad.

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