Fiscalía envía comisión especial para investigar abuso de menores en Guaviare
Luego de las denuncias conocidas por el presunto abuso sexual de militares a indígenas menores de edad en el departamento del Guaviare en 2019, la Fiscalía envió a la zona una comisión especial.
La investigación fue conocida inicialmente por el medio internacional Univisión, que indagó sobre una presunta transacción de sexo por comida entre militares y menores de edad integrantes de las comunidades indígenas Jiw y Nukak.
“Las instalaciones militares limitan con los territorios indígenas. La destrucción de la selva, el desplazamiento forzado y otras agresiones de grupos guerrilleros y paramilitares, crearon una crisis alimentaria dentro de las comunidades indígenas. Ante la desesperación, los indígenas se acercan a los cuarteles en busca de comida. En ese momento, se produce el intercambio de sexo por comida", informó el periodista Gerardo Reyes en uno de los apartes de la investigación.
Luego de estos hechos conocidos, el ente investigador afirmó que la comisión especial está conformada por fiscales, investigadores, médicos forenses y demás experticias necesarias para poder establecer la ocurrencia del hecho, “fueron enviados a la zona para poder lograr la identificación e individualización de quien pudo haber cometido un delito contra la integridad sexual de la menor indígena”.
Igualmente, sen informó que fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos también adelantan otra investigación contra militares colombianos que habrían abusado de otra menor de edad en esa región del país.
Además de estas investigaciones, la Procuraduría General de la Nación también solicito información a seis entidades de la zona para que den cuenta sobre cifras, datos, reportes de abusos y rutas de atención realizadas para proteger los derechos de los niños y niñas integrantes indígenas del Guaviare.
Esta denuncia también fue confirmada por la Personería Municipal del Guaviare, quien expresó que además de abusos sexuales, los menores, principalmente de las comunidades Jiw y Nukak, también están sufriendo por la mendicidad, condiciones de calle y hasta consumo de sustancias como el pegante.
“Es una situación tan compleja que ya se escapa a las autoridades locales y, por lo tanto, es necesaria la articulación de las autoridades nacionales, regionales y locales para actuar en diferentes factores y solucionar esta situación de manera mancomunada”, expresó la entidad de protección de derechos humanos.
