Fiscalía investigará muerte de 11 personas reportada por el Ejército en Putumayo
La Fiscalía General de la Nación indicó que designó a un fiscal de la “Unidad Especial de Investigación de la Dirección de DD. HH, y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI para investigar los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas”, el pasado 28 de marzo.
Este pronunciamiento se da luego de la denuncia de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), quienes el 29 de marzo realizaron a través de un comunicado la “solicitud de acción urgente principalmente a que el Ejército Nacional cese sus acciones a través de la modalidad de falsos positivos en contra de la población civil” y adjuntaron el acta de posesión No 033-2022 del cabildo indígena Kicwa Bajo Remanso del municipio de Leguízamo, con el fin de demostrar que una de las personas asesinadas era el gobernador del pueblo indígena, Pablo Panduro Coquinche.
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En días pasados, el Ejército Nacional reportó a través de un comunicado “que en operativos conjuntos, se produjo la neutralización de 15 presuntos miembros del grupo armado organizado residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia”.
Asimismo, en una rueda de prensa, el mayor general Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando grupo No 3 del suroriente del país afirmó: “en inmediaciones del Alto del Remanso, zona rural de Puerto Leguízamo, se produjo la muerte en desarrollo de 11 integrantes de esta estructura criminal y cuatro fueron heridos, que fueron atendidos y trasladados a centros hospitalarios”.
En entrevista para Radio Nacional el Representante de Derechos Humanos y Paz de la OPIAC, Oscar Daza, manifestó su rechazo por los hechos ocurridos, “yo creo que es algo sin precedentes, que a estas alturas estamos frente a un falso positivo, que ya se ha descubierto y que están todas las evidencias que nos soportan que no se trataba de un criminal o algo así, sino de una autoridad indígena, de un gobernador del pueblo Kicwa”, asintió.
Por su parte la Red de Derechos Humanos del campesinado del Putumayo, Cauca y Piamonte Cauca, Cofanía, Jardines de Sucumbios Ipiales – Nariño en un comunicado basado en las voces de los habitantes del lugar “exige la investigación y misión de verificación en Campo, acudiendo al derecho que tiene la comunidad a ser atendida, escuchada y acompañada y aclarar en debida forma los hechos presentados”.
La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC en un comunicado rechazó el homicidio de la autoridad indígena Pablo Panduro e indico: “los cuerpos sin vida no fueron debidamente inspeccionados por Policía Judicial como CTI de la Fiscalía, sino que fueron levantados sin protocolos técnicos de criminalística por parte del mismo Ejercito Nacional y retirados de la zona en helicóptero, lo que configura una vulneración flagrante el eventual proceso investigativo que lleve a la claridad de los hechos”.
