Autoridades y sociedad civil se movilizan ante la crisis humanitaria en el Chocó
La salida a la crisis humanitaria que atraviesa el Chocó, especialmente en la subregión del San Juan, al sur de este departamento y que mantiene confinadas a cerca de 9.000 personas desde hace un mes y medio, ha llevado a todas las autoridades territoriales y nacionales a tomar medidas prácticas para la paz que permitan una pronta solución a la emergencia.
Durante el reciente encuentro en el municipio de Istmina con el gobernador del Chocó, los alcaldes afectados en esta región y la Iglesia Católica, lograron establecer la apertura para los diálogos departamentales y una ruta para la entrega de más alivios humanitarios a las comunidades del Medio San Juan, Istmina y Sipí. Recordemos que las autoridades les habrían abastecido de 15 toneladas de ayudas en días pasados.
"La Gobernación me confió a mí, a la Diócesis y a la Pastoral Social, la entrega de 250 mercados a estas comunidades; auxilios alimentarios que se irán entregando durante los últimos días y unos diálogos departamentales sobre el tema exclusivo de la paz, de toda la realidad en el Chocó", indicó el obispo Mario Álvarez de la Diócesis Tadó – Istmina.
Otro de los temas importantes en la jornada se trató del levantamiento del paro armado del Frente de Guerra Occidental de la Guerrilla del ELN en esta zona y el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional. El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, manifestó su preocupación por las acciones violentas del Clan del Golfo y si el grupo ilegal respetará dichos acuerdos o continuará poniendo en extrema tensión y riesgo a las comunidades.
"Pidiéndole respetuosamente al Gobierno Nacional que dentro de esa propuesta de Paz Total se pueda incluir al Clan del Golfo, pensamos: ¿qué va a pasar ahora con el acuerdo del cese al fuego con el ELN? Si van a seguir los enfrentamientos entre los dos grupos al margen de la ley, pues las situaciones no van a mejorar", aseguró el mandatario.
Además, señaló que han solicitado como autoridades civiles al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior que se brinden las herramientas a la fuerza pública para tener la capacidad de operar en las condiciones geográficas que se presentan en la zona.
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"Sabemos que el territorio es montañoso, que es acuático, pero la fuerza pública tendrá que saber con qué herramientas hacer presencia e incluso con el incremento del pie de fuerza. Nosotros somos un departamento disperso", concluyó.
Por su parte, como parte de las medidas concretas en materia de los diálogos departamentales, el vocero del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA, Richard Moreno, aseguró que el departamento ha tocado fondo en términos de la crisis humanitaria y que la falta de respuesta institucional afecta la vida de las poblaciones. Por ello, realizarán la gran "Cumbre por la Paz" en el municipio de Istmina, que estará conformada por distintos actores de la sociedad civil los días 26 y 27 de julio.
"Un encuentro que busca no solo tener el contexto claro, porque ya lo conocemos, sino que haya una respuesta institucional a la crisis humanitaria y que los actores armados entiendan que es necesario ir por el cese multilateral al fuego, acabar con el confinamiento, los desplazamientos y las amenazas", expresó el vocero.
Asimismo, el líder Moreno hace un llamado al Gobierno Nacional y territorial y pregunta si es suficiente el levantamiento del paro y los alivios humanitarios, pues indica que es importante resolver problemas estructurales en materia de educación, inversión económica, oportunidades laborales, entre otras, para enfrentar la crisis. Además, envió un mensaje contundente al pueblo chocoano a la hora de la elección de los candidatos políticos para lograr resolver de manera real e integral estas necesidades.
"Se requieren dirigentes y gobernantes que entiendan que el recurso público es para invertirlo en el bienestar de las comunidades y no en las empresas familiares", indicó.
A través de sus redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia advirtió que la situación humanitaria en el departamento es alarmante e instó al Gobierno colombiano a brindar garantías de seguridad para la ciudadanía y a los grupos ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"Exigimos a los grupos armados no estatales cumplir con su obligación de no generar daños y afectaciones a la población civil, incluido no reclutar niños y niñas menores de 18 años. Reiteramos que las escuelas, los centros de salud, los templos y otros bienes civiles son protegidos por el DIH".
Según la Defensoría del Pueblo, el paro armado del ELN dejó confinadas a 52 comunidades en cinco municipios de la subregión del San Juan, aproximadamente 9.000 personas. Un total de 123 comunidades, unas 23.000 personas de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas.
