La puja por la tierra de ‘nadie’ en Valledupar
En la mañana del lunes 10 de abril de 2023, Alfonso Hernando Medina, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Jaidith, en el sur de Valledupar, llamó a un periodista para denunciar en la radio local un incidente sobre un área de cesión invadida. La entrevista se concretó para el día siguiente a las 6:40 de la mañana, pero 12 horas antes de que la historia saliera al aire, Medina recibió tres disparos que acabaron con su vida.
Como lo documentaron diversos medios de comunicación, Medina llegó a su vivienda en compañía de una de sus hijas y allí apareció un sicario, quien abrió fuego. El líder social, de 68 años, fue llevado a un centro asistencial de la zona, pero por la gravedad de las heridas falleció. La prensa indicó que el asesinato de Medina estaría relacionado con su defensa por proteger las áreas de cesión, es decir, terrenos que las urbanizadoras deben entregar al municipio una vez terminan los proyectos inmobiliarios para desarrollar allí obras de interés público, en su mayoría parques de recreación o centros de atención para población vulnerable.
Hasta el momento no hay una condena que esclarezca quién o quiénes son los responsables del asesinato del líder comunitario. El pasado 24 de abril de 2023 la Policía Nacional anunció la captura de Yeison Andrés Ramírez Morales como presunto responsable del crimen, acusado de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Un juez con funciones de control de garantías lo envió a la cárcel mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, que hayan asesinado a Medina por defender las áreas de cesión es solo una hipótesis que señalan las autoridades.
Jorge Luis Arzuaga Martínez, abogado y concejal de Valledupar, explica que el área de cesión es una porción de suelo que todos los urbanizadores deben entregar a un municipio o distrito para su disfrute, goce y uso público cada vez que realizan un proyecto inmobiliario. “Un curador urbano, con base en lo que dice el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), determina el tamaño del terreno, el cual depende del espacio que usará para hacer su construcción. Los constructores entregan las áreas de cesión ante el ente territorial respectivo, en este caso la Alcaldía de Valledupar, y estas deben tener vías y estar dotadas de mobiliario como canchas, parques, bancas, entre otros”, explica Arzuaga. El abogado advierte que el problema se deriva cuando, por falta de administración y veeduría del municipio, estos terrenos terminan siendo invadidos por terceros.
Lo anterior era justo lo que exigía el líder Medina, quien pedía a las autoridades locales poner ojos sobre dos áreas de cesión de la urbanización Chiriquí, sobre las carreras 27 y 31, a unos casi ocho kilómetros de la plaza Alfonso López, en pleno centro de Valledupar, donde se realiza el conocido Festival de la Leyenda Vallenata. Por ejemplo, advertía que un grupo de personas quiere apropiarse del área de cesión de la carrera 31, que tiene 15.200 metros cuadrados, y donde la comunidad espera la construcción de un parque y pide que materialicen un centro de atención del adulto mayor.
Para las personas que conocían el trabajo de veeduría del líder, Medina era una especie de vigilante de estas áreas públicas sobre las que, a su criterio, el municipio no realiza el respectivo control. Así fue como evitó que los invasores ocuparan más terreno del área de cesión que está sobre la carrera 27, donde la Alcaldía construyó un parque lineal hace casi cinco años sobre la porción que estaba libre, sin recuperar el área invadida.
“Presentaron cuatro acciones de tutela, una de las cuales obligó a la Alcaldía de Valledupar a que se pronunciara de fondo. Hizo unos trámites, un par de cosas, pero desde 2020 eso está quieto. A pesar de que el líder presentó muchos requerimientos al respecto, no se hizo nada”, indica un habitante conocedor de la labor de veeduría de Medina, pese a que el municipio respondió los derechos de petición radicados hasta antes de 2020. El ciudadano reitera que sigue pendiente una respuesta radicada en 2021.
La misma historia de la carrera 27 fue la que se repitió en el área de cesión de la carrera 31. La comunidad aseguró que la falta de control e intervención del municipio ha facilitado que terrenos de interés público terminen en manos de particulares o adjudicados a familias sin un proceso de convocatoria o selección. En la actualidad, los habitantes de la zona exigen que la Alcaldía intervenga, recupere los espacios que son para obras públicas y devele quiénes son los responsables.
La tarea de defender las áreas de cesión
La veeduría sobre estas áreas públicas ha tenido otros liderazgos, además del de Alfonso Medina. Mayerlis Camelo, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Chiriquí, también se ha dado a la tarea de insistir en la importancia de proteger cada metro cuadrado de las áreas de cesión. Camelo, víctima de desplazamiento forzado, llegó hace nueve años a vivir en este barrio y al poco tiempo vio cómo el área de cesión de la carrera 27 comenzó a perder terreno por la construcción de una casa (ver documentos de proceso de veeduría).
Lo que ocurre en la carrera 27 es casi una réplica de lo ocurrido en la carrera 31, que denunciaba Medina. Por eso, Camelo recuerda el domingo 18 de junio de 2023, cuando la comunidad, ya cansada de la falta de respuesta de la Alcaldía, decidió salir a protestar, advirtiendo que el municipio “no hacía nada por sacar a los invasores”. Sin embargo, recuerda la líder, distinto a lo que esperaban, la Oficina de Espacio Público de la Secretaría de Gobierno y la Policía retiraron a los manifestantes, pero no solucionaron el problema con los terceros, indicando que el caso era estudiado en los estrados judiciales. Los terceros, les dijeron, alegaban propiedad sobre esa área de cesión.
“Cómo va a estar esa persona solicitando un derecho de pertenencia de 2008, donde Chiriquí empieza a fluir en 2007, pero se legaliza en el año 2009. En 2012 se hace la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del Valle del Amor Amor, entonces le damos esa claridad al inspector, le estamos diciendo ‘eso no les pertenece’”, reitera Mayerlis Camelo, refiriéndose al proceso de pertenencia que cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en ese predio.
Para ella y habitantes de la zona dentro de la Alcaldía “es inexplicable” que con documentos en mano el municipio no haga valer las Leyes. Por medio de certificados de tradición y libertad, por ejemplo, la comunidad ha evidenciado que esos espacios pertenecen al municipio. Sin embargo, los invasores “han vendido lotes a terceros en 35 millones de pesos”, según la propia comunidad y la Secretaría de Gobierno. A la fecha, las dos áreas de cesión no han podido ser desalojadas y siguen registradas con sus respectivas matrículas inmobiliarias desde el 14 de junio de 2004 en la Notaría Primera de Valledupar.
José Luis Coronado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Nueva Esperanza, a 26 kilómetros de los barrios Chiriquí y Villa Jaidith, coincide con los llamados que hacía Medina y que reitera la lideresa Camelo. Es decir, que la falta de intervención de la Alcaldía está ampliando los conflictos urbanos por la tierra alrededor de las áreas de cesión, cada vez aprovechadas por más terceros para su disfrute personal.
Según explica, en su barrio, donde viven por lo menos 2.500 personas desde comienzos de la década de 1990, la falta de linderos sobre dos áreas de cesión facilitó su apropiación. Por fortuna, aclara Coronado, la Junta de Acción Comunal comenzó a luchar por estos terrenos y logró que en escrituras quedara inscrito que estas corresponden a 12.120 metros cuadrados.
“Los constructores no alinderan las áreas de cesiones sobre la escritura pública para sacar más lotes y apropiarse de las áreas que le corresponden a Valledupar. Al no alinderarlas (señalar o marcar los límites del terreno) en las escrituras iniciales, Instrumentos Públicos no les puede sacar folio de matrícula inmobiliaria a nombre del municipio”, indica Coronado. Detalles de este tipo son los que generan los conflictos porque, por ejemplo, antiguos propietarios del terreno donde se construyó la urbanización insisten en que algunas zonas son de su propiedad, a tal punto de enviar personal de seguridad para evitar la reclamación de la comunidad.
El concejal Jorge Arzuaga asegura que algunos funcionarios de la Alcaldía de Valledupar han aprovechado su cargo para beneficiar a terceros, sobre todo en proyectos relacionados con actividades comerciales. Según él, “la administración le pone la tarea fácil al constructor”, porque no invierte sobre las áreas de cesión y eso ‘abona’ las condiciones para no recibirlas dentro del inventario de bienes del municipio.
“No obstante, la administración municipal conoce que esa es una estrategia de los constructores y a veces se cruza de brazos, se hace la ciega y no dice nada. De manera tal que es poco el esfuerzo que hace la Alcaldía de Valledupar para recibir estas áreas de cesión, que se convierten en unos bienes de uso público para el disfrute y goce de la ciudadanía”, añade Arzuaga.
Lo que señala el concejal lo retrata el líder José Luis Coronado con el barrio Nueva Esperanza, pues asegura que el Fondo de Vivienda Social (Fonvisocial) no escrituró el tamaño real del área de cesión del proyecto, permitiendo que particulares se beneficiaran posteriormente. El presidente de la Junta de Acción Comunal cuestiona si lo anterior fue producto del desconocimiento o alguien de la Alcaldía incidió en beneficio de un tercero.
En medio de esta veeduría, los liderazgos comunitarios insisten en advertir la falta de diligencia de la Alcaldía en el control de estos terrenos, así como de las autoridades competentes en investigar y esclarecer el asesinato del líder Alfonso Medina. “Deberían responder frente a los temas disciplinarios y tal vez penales de por qué (…) la omisión y negligencia tan abismal que pudo haber, si hubieran actuado a tiempo se hubiera evitado el homicidio del señor Alfonso Medina”, afirma un allegado de este líder comunitario.
Aquí podrás ver y escuchar testimonios:
Los hallazgos de la Contraloría
Las advertencias de la comunidad tienen asiento en hallazgos de la Contraloría Municipal de Valledupar, que en 2022 hizo una auditoría de cumplimiento al municipio para evaluar su gestión fiscal realizada sobre el llamado “Control del desarrollo urbano”. El análisis del organismo de control concluyó que “la administración municipal no recibe ni realiza las gestiones pertinentes para garantizar la escrituración de las zonas de cesión obligatoria y gratuita de los proyectos urbanísticos a favor del municipio de Valledupar”, tal como lo informó en respuesta a un derecho de petición.
En ese sentido, el informe asegura que las áreas de cesión “no utilizan las herramientas donde están definidos los parámetros y procedimientos que conduzcan a materializar estos procesos. Es decir, las áreas de cesión no han sido objeto de entrega real y material al municipio de Valledupar por parte de los urbanizadores responsables, a pesar de que los proyectos urbanísticos se encuentran construidos, vendidos, habitados y al servicio de la comunidad”. Sobre esto último, el organismo de control advierte, además, que para entonces el municipio no contaba con un “inventario real” de las áreas de cesión, lo que impide su control y vigilancia, “permitiendo el apropio por parte de particulares de estas áreas que deberían ser de uso público”.
Tras estos hallazgos, indicó el informe de la Contraloría, el municipio debió implementar un plan de mejoramiento, que condujo a que la Alcaldía exigiera a las urbanizadoras la entrega material de las áreas de cesión. Esto implicó el desarrollo de mesas técnicas con las constructoras, visitas de inspección física y levantamientos topográficos, sobre todo para determinar las áreas de cesión de cada proyecto urbanístico. Producto de las anteriores actividades, la Contraloría indicó que la Alcaldía logró la entrega de 448.420 metros cuadrados de áreas de cesión en varios barrios de la capital cesarense.
Sobre la denuncia de la comunidad, relacionada con la presunta apropiación de áreas de cesión de la urbanización Nueva Esperanza II, el organismo de control confirmó invasión del espacio público. Tras una inspección física en tres de estas áreas del barrio, la Contraloría encontró que particulares han hecho todo tipo de construcciones, adecuaciones, cerramientos, cubiertas sobre los antejardines y aislamientos laterales, incluidos los 30 metros de suelo de protección del sistema hídrico, que tiene tratamiento de conservación ambiental, específicamente sobre la carrera 30 entre calles 6C y 7A, así como sobre la carrera 29 entre calles 6C y 6C1.
Pese a los hallazgos y al llamado que ha realizado el organismo de control, la Contraloría advierte que la Alcaldía aún no ha llevado a cabo la respectiva gestión para recuperar las áreas de cesión invadidas e imponer las respectivas medidas correctivas. “La falta de control y vigilancia del desarrollo urbano de la ciudad se ha venido presentando desde muchos años atrás por la débil estructura técnica y de gestión de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. Sin embargo, recae sobre la actual administración, en cabeza del señor alcalde, por conducto de los inspectores de policía municipales, hacer las gestiones pertinentes para recuperar estas áreas y que no se vea afectado el patrimonio del municipio de Valledupar”, reiteró el ente de control.
En ese sentido, la Contraloría, en la misma respuesta al derecho de petición, le recordó a la Alcaldía la obligación de cumplir con la resolución 000986 del 16 de marzo de 2023, que declaró espacio público las cesiones del proyecto urbanístico Nueva Esperanza y ordenó su inscripción a nombre del municipio. De igual manera, garantizar la escrituración de las zonas de cesión obligatoria y gratuita de los proyectos urbanísticos de los barrios Chiriquí, La Esperanza y Villa Jaidith, que también han tenido problemas de apropiación y cuyos terrenos pertenecen al municipio.
Versiones encontradas
Frente a la gestión de la administración municipal sobre el inventario, recuperación y control de las áreas de cesión, hay versiones encontradas. Mientras la Alcaldía asegura que ha ido avanzando en estas tareas, pese a que no contaban con un inventario por falta de gestión de las administraciones pasadas, el edil Jorge Luis Arzuaga advierte que “ha sido a paso lento” porque dichas tareas están distribuidas en cuatro dependencias, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Jurídica, la Secretaría General de Valledupar y la Secretaría de Gobierno Municipal, cuando estas “trabajan como eslabones no enlazados”.
En respuesta a un derecho de petición, la Alcaldía informó que cuando inició el gobierno del alcalde Mello Castro González (2020-2023), en enero de 2020, la Oficina Asesora de Planeación identificó 84 áreas de cesión, de las cuales más de 448.000 metros cuadrados han sido entregados. Sin embargo, la Oficina admite que hay al menos 15 constructoras que no han dado sus áreas. A mitad de julio pasado, el municipio logró que 43 pasaran a poder de la administración municipal. Cecilia Castro Martínez, jefa de la Oficina Asesora de Planeación hasta agosto pasado, indicó que las otras 41 restantes no han sido entregadas por deficiencias, entre estas, porque las áreas a entregar no coinciden con el tamaño anunciado o están invadidas.
Sobre el particular, la funcionaria asegura que el municipio sí está trabajando por recuperar dichas áreas, pero que tuvo que reconstruir los inventarios desde cero porque las administraciones pasadas no construyeron ni entregaron un archivo histórico: “A los curadores les solicitamos todas las licencias que se habían dado en el municipio. Alcanzamos a reconstruir ese inventario, caracterizamos todas esas áreas que nos habían entregado y las que no”.
El problema que advierte la exfuncionaria sobre la falta de un histórico de inventarios es señalado también por Otto Córdoba, arquitecto, magíster en Gestión Urbana y docente universitario, quien ha participado en la elaboración de nueve Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Cesar, La Guajira y Antioquia. Según Córdoba, la recuperación de áreas de cesión en Valledupar comenzó en 2004, con más de 100 escrituras a favor del municipio.
“Hoy la situación que tenemos es que muchas de esas áreas de cesión, que tenía que recuperar el municipio, se perdieron. La mayoría, producto de la corrupción, porque normativamente se podían haber recuperado. El municipio tiene la obligación de hacerle unos controles posteriores a las licencias, pero en Valledupar se desarrollan construcciones sin el cumplimiento de las normas. Uno observa en las calles que se inician y se terminan sin problema; ahí definitivamente hay algo, la Administración está fallando. La cesión pública no solo es de la comunidad de donde se hace la construcción, sino de toda la ciudad. Por eso pagamos el impuesto predial y muchos más, para que el municipio reinvierta en esas acciones comunes que tiene la población”, señaló el experto.
El concejal Jorge Luis Arzuaga explica que la falta de articulación entre las Oficinas y Secretarías de la Alcaldía, que deben responder por la recuperación de las áreas de cesión, explican “la lentitud y el traumatismo” en este proceso. Mientras la Oficina Asesora de Planeación se encarga del cumplimiento de las normas y recibe las áreas de cesión; la Oficina Jurídica se encarga de hacer seguimiento cuando el urbanizador no entrega el respectivo terreno. Por su parte, la Secretaría General es la encargada de proteger y administrar las áreas de cesión cuando pasan a propiedad del municipio, y la Secretaría de Gobierno actúa cuando hay alteración del orden público o invasiones de terceros.
“Hay un ping-pong de responsabilidades dentro de la Administración, pero a la postre termina el cuento que el constructor no entrega el área de cesión o en su defecto cuando la entrega, el municipio no hace uso de ella para destinarla para parques, sino que las deja como lotes abiertos y terminan los invasores haciéndose a esos predios”, reitera el edil.
Es por eso que a comienzos de julio de 2023, Arzuaga impulsó un debate de control político desde el Concejo Municipal, exigiendo respuestas de las oficinas y secretarías de la Alcaldía. Un debate similar ya había ocurrido tres años atrás, cuando el concejal Luis Fernando Quintero cuestionó sobre la responsabilidad tanto de los urbanizadores como de las autoridades locales en la entrega, administración y vigilancia de las áreas de cesión.
“¿Cómo es posible que dos constructoras no hayan hecho la entrega de las áreas de cesión y no haya pasado nada? Si es verdad que (secretarios de la Alcaldía) encontraron que no había inventarios, que no había caracterización, habría que hacer una acción en contra de esos funcionarios que fueron inoperantes, que no han estado acorde con las necesidades que tiene el municipio”, afirma Quintero.
Frente a los llamados sobre la gestión de la Secretaría de Gobierno, Felipe Murgas, actual secretario de esta dependencia, asegura que han intervenido en cuatro ocasiones en terrenos donde hay incidentes entre la comunidad y presuntos invasores, y que llegan “atendiendo el llamado de la comunidad” e hicieron “los debidos desalojos”. Sin embargo, Murgas aclara que el municipio debe ser respetuoso de las instancias judiciales, pues algunos casos, como el de las áreas de cesión de Chiriquí, están siendo estudiados por demandas que cursan en la justicia ordinaria.
“Hemos hecho el acompañamiento a la inspección primera de Policía anteriormente con ese proceso que vienen realizando en Chiriquí, donde la comunidad no ha entendido que son dos procesos diferentes. Hay uno en el que unas personas iniciaron un proceso de pertenencia, teniendo en cuenta que desde el año 2016 la administración de ese entonces le cedió un espacio para que estuvieran allí por algunas condiciones humanitarias, donde una persona que se encontraba en el lugar tenía varios hijos y tenía condiciones de pobreza extrema”, comentó el funcionario.
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Enfatizó que está en un proceso jurídico, en el cual la Alcaldía presentó la documentación con la que certifica que el municipio es propietario de ese espacio. “Pero también somos respetuosos de la competencia que debe tener la providencia del juez en este caso y un fallo que pueda en su momento dictar”, añadió.
El funcionario aclaró que la Secretaría ha hecho la gestión pertinente, pese a que el municipio apenas cuenta con un inventario de las áreas de cesión, que las administraciones anteriores no realizaron. Asimismo, que han identificado dinámicas históricas sobre la compra y venta de áreas de cesión, que infringen no solo las normas, sino el destino público de estas: “Ingresan al lugar, toman posesión de estas áreas de cesión, posteriormente dejan a unos familiares e invaden otros lugares mientras hacen la venta de esos lotes en donde no se efectúa en su momento el desalojo de manera oportuna”.
Murgas insistió en que “la recuperación de las áreas de cesión la hemos venido realizando. Sí hay personas que están haciendo ventas ilegales y estafando a las personas que han hecho un aporte económico, tendrán que en algún momento estar sujetos a perder ese dinero, teniendo en cuenta que no tienen una documentación que respalde este tipo de negociación”.
El riesgo de defender lo público
Mientras las autoridades dan respuestas sobre cómo recuperar las áreas de cesión; la comunidad exige no solo la defensa de esta tierra urbana, que tiene un fin público, sino la protección de sus vidas. En respuesta a una solicitud de información a la Fiscalía Seccional Cesar sobre la investigación del asesinato del líder Alfonso Hernando Medina, el organismo investigador confirmó que fue delegado a un despacho especial por tratarse de homicidio contra un líder comunitario. Sobre las amenazas a otros liderazgos de Valledupar, indicó que estos casos los investiga el equipo especializado en amenazas.
La muerte de Medina fue un ‘campanazo’ para los liderazgos comunitarios, que desde sus comunidades insisten en proteger estas áreas de cesión donde niñas, niños y jóvenes podrían tener una recreación sana, o donde sus abuelas y abuelos podrían contar con un centro de atención integral.
Eso explica por qué la lideresa Mayerlis Camelo atesora sus carpetas de pruebas, con documentos que incluyen derechos de petición y tutelas para que el municipio actúe en defensa de lo público. Sin embargo, esa labor le ha costado amenazas que recibe mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como el hostigamiento de extraños que merodean por su casa.
El llamado de la líder está conectado a una preocupación nacional sobre la protección de los liderazgos territoriales. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de 2023, en Colombia han sido asesinados 92 líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos. Entre enero y junio, los sectores sociales más afectados fueron los líderes comunales, con 22 homicidios, de los cuales cinco ocurrieron en el Cesar.
“Los líderes sociales se ven muy desprotegidos porque no hay eco, no hay garantía de seguridad, ni se les presta atención. ¿Qué se espera? ¿Que haya más muertos?”, cuestiona un familiar de Alfonso Medina.
Liderazgos comunales como los de Camelo insisten en que la protección no se puede limitar al paso de “revista” de las autoridades, sino del cumplimiento de las leyes, de garantizar que lo público sea un bien colectivo, y que las áreas de cesión fueron concebidas para el disfrute y goce de la comunidad; no para el usufructo de terceros que además están generando conflictos urbanos por las tierras públicas de Valledupar.
Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte de la segunda edición del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.
Historia editada por: Ivonne Rodríguez González.
