En Arauquita familias demolieron sus casas por solicitud de un consorcio
Se trata de un proyecto con recursos de regalías de la Gobernación de Arauca por un valor de $19.457.022.465 millones de pesos que tiene como objeto construir 329 viviendas de interés social en sitio propio en Arauquita, adjudicado al Consorcio Viviendas Prefabricadas Arauquita en 2022, con número de contrato 248 del mismo año, contrato que a la fecha “se encuentra suspendido”, como indicó María Constanza Morales, gobernadora encargada, durante un debate de control político en la Asamblea.
De acuerdo con Vicky Paola Pabón García, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Robles, por tratarse de viviendas de interés social en sitio propio, los beneficiarios debían contar con la titularidad del predio sobre el cual se edificarían las nuevas casas. Muchos ya tenían rudimentarias viviendas en madera en esos predios.
“En marzo de 2023 dieron la orden de derribar seis viviendas en este sector, pero a la fecha no construyen nada y no tenemos respuesta de ningún ente, nos tienen pagando arriendo cuando muchos no logran ganar un mínimo, pero sí deben mantener niños y adultos mayores”, aseveró la líder comunal.
Según Flor Ángela Pérez, otra de las beneficiarias afectadas por este proyecto, “varias familias víctimas del conflicto y firmantes de paz, se están viendo afectadas. Es triste ver como las personas tienen que decidir entre pagar arriendo, o comer”.
Durante el debate, uno de los casos más lamentables que se expuso, fue el de Nelson José Quintero Navarro, en el barrio Juan Pontón 2, quien vive junto a su hijo en un improvisado cambuche; un espacio tan reducido en el que posee solo el inodoro, los platos y un mesón para preparar alimentos, todo en el mismo lugar.
Por eso, para Vicky Paola Pabón García es “desconcertante el silencio de las autoridades regionales”, por ello, los ciudadanos conformaron una veeduría con Resolución 091 del 29 de julio de 2022 ante la Personería de Arauquita, con el propósito de ejercer control al proyecto y al contrato 242 de interventoría, por valor de 1.166.133.360 millones de pesos.
De acuerdo con la Gobernadora encargada, “el consorcio está solicitando una modificación del contrato que permita la adición de 1.960.741.115 millones de pesos, para continuar con la ejecución del proyecto”, lo que motivó convocar para este 17 de noviembre una reunión en Arauquita, con las entidades de gobierno departamental y local, la Contraloría, la Procuraduría, el contratista y las familias afectadas.
En la actualidad, el porcentaje de ejecución de la obra es del 20,71% y, el porcentaje de retraso es del 34,13%, según lo expuesto por la Gobernación de Arauca durante el debate de control político.
Además, la Contraloría General de la República informó a la veeduría ciudadana en 2022, que los contratos de obra e interventoría entrarían en el Plan de Vigilancia Fiscal de la vigencia 2023.
