Un informe del ente de control evidenció una diferencia sin justificar entre los recursos reportados por la Secretaría de Movilidad y los valores registrados por la Tesorería Distrital durante el primer semestre de 2025. El concejal José Cuesta denunció el caso y pidió explicaciones sobre el destino de los dineros públicos.
Estos comparendos, impuestos en casos de riñas, irrespeto a la autoridad, porte de armas cortopunzantes, entre otros, sumaban 15 mil millones de pesos.
En Colombia, los comparendos y las multas están regulados por el Código Nacional de Tránsito, que establece las sanciones económicas que deben pagar los infractores.
