La nueva norma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), vincula progresivamente la inversión al PIB con una meta del 1% y consolida la gratuidad como política estructural, con una cobertura que ya alcanza el 60%.
El Congreso aprobó la reforma a la Ley 30 que cambia el modelo de financiación de la educación superior pública, ajustando los aportes de la Nación a los costos reales y respondiendo a una histórica exigencia del movimiento estudiantil.
