Sobrepoblación en San Andrés, una amenaza para los recursos naturales
Para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el problema de la sobrepoblación es conocido por todos. Un asunto de vital importancia que no solamente puede afectar el diario vivir de los isleños, sino también la conservación del medio ambiente. Esto, incluso, ha empezado a dialogarse por parte de las autoridades en los colegios y escuelas.
Pero pese a que existen políticas de control poblacional, muchos expresan su preocupación por el crecimiento exponencial y los efectos negativos que puede causar sobre la isla y sus habitantes.
El último dato de población en el archipiélago revelado por parte del DANE en 2017 es de 72. 600, es decir, el 0.148% del total de la población en Colombia.
Por otro lado, en la actualidad se estima que puede haber unos 1.000 a 1.200 nacimientos por año, más la población que llega en diferentes circunstancias como la población flotante, refugiados, desplazados del conflicto armado y, más recientemente, personas provenientes de Venezuela.
“Más de uno llega a la isla con un brazalete de turista, pero posteriormente acuden a la Defensoría del Pueblo a expresar que son desplazados y automáticamente son recibidos, se les brinda atención y posibilidades de empleo en el sector privado y con el tiempo se radican en la isla aportando a la sobrepoblación”, afirmó el abogado y exdirector de la Oficina de Control de Población y Residencia -OCCRE, Joseph Barrera Kelly.
Es precisamente este organismo que entrega los derechos de residencia mediante una tarjeta que, de forma temporal o definitiva, permite que los isleños legalmente residenciados puedan gozar de todas las condiciones para vivir y trabajar.
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, en las décadas más recientes este crecimiento poblacional, contrario a lo que creería, se ha revertido.
La década de los noventa se caracterizó por tener un proceso migratorio de jóvenes desde el archipiélago hacia las Islas Caimán y el interior de Colombia, en busca de trabajo o para realizar estudios de superiores. Estos factores resultaron en tasas de crecimiento bajas de 1,4% para San Andrés y 0,4% para Providencia en el periodo intercensal 1993-2005.
Este bajo dinamismo poblacional continuó en el periodo 2005-2018, cuando la población del departamento pasó de 70.554 a 61.280, de acuerdo con el último censo de 2018.
Esto condujo a una disminución de la densidad poblacional en la isla de San Andrés de 2.431 hab./km2 en 2005, a 2.048 hab./km2 en 2018, pero que comparada con otras islas similares a ella en tamaño y población como Bermuda (1.191 hab./km2), St. Thomas (637 hab./km2), St. John (82 hab./km2) y Cayman (54 hab./km2), la isla sigue siendo una de las con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado en el Caribe.
“La población de la isla crece todos los días, por parte del Gobierno nos dicen que la población es de una forma, pero la realidad es que podríamos tener más de 100 mil habitantes (…) Al ritmo que vamos, el agua y la tierra no va a ser suficiente para todos y vamos a tener una situación caótica que se va tornar insostenible”, indicó el pastor y activista social, Augusto Francis.
Recientemente el Gobierno Departamental, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, realizó una mesa de diálogo sobre el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos en el archipiélago.
En dicho encuentro se logró una acción coordinada para a la atención y comunicación con la institucionalidad y normativa regional, que permitan la integración de la población migrante venezolana a la educación, fuerza laboral, afiliación en salud y ser partícipe de la vida productiva de la región.
Esto generó una enorme controversia entre la población de la isla, principalmente del activista raizal Franco Bent Santana que, aunque defendió la gestión de la OCCRE, cuestionó duramente el que se quieran aplicar medidas nacionales para un territorio reducido como San Andrés.
“En la isla no hay cama para tanta gente (…) esto llevará a que se tomen acciones y se promueva una manifestación de orden general para impedir que esto no se dé”, afirmó.
Sobre el tema, el actual director de la OCCRE, Osvaldo Madariaga Archbold, indicó que “de ninguna manera este estatuto migratorio para venezolanos tiene aplicación para el departamento, y por esta razón “me expreso de forma contundente en contra de la misma ya que nuestra misión es el control de las personas y evitar que haya sobrepoblación en la isla”.
Sobre el impacto sobre el ecosistema y el paisaje natural de la isla que esto podría acarrear, la investigadora isleña al servicio de la Universidad Nacional de Colombia, Joannie James Cruz, afirma que “si bien el turismo ha parecido beneficiarse en el corto plazo del cambio territorial de los último 50 años, los efectos económicos, sicológicos y sociales de la transformación del paisaje y el cambio territorial causados por las políticas públicas de turismo, llegarán a tener un efecto negativo en largo plazo para los raizales”.
El clamor general de los isleños es que la sobrepoblación sea una política pública prioritaria para el Gobierno Nacional, ya que, según ellos, por ser un territorio tan pequeño, “no pueden recibir a otras poblaciones”, pues representaría efectos negativos en el medio ambiente, el ruido y residuos sólidos que deriven en el mar.
