Alertan sobre presiones a exparamilitares para que retomen las armas
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla alertó que debido a que algunos desmovilizados no reportan actividad económica, son discriminados laboralmente y denuncian estigmatización, han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas.
Ante esta situación, la Sala le pidió al Gobierno, en especial a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, generar espacios de reintegración social y laboral para que los excombatientes no vuelvan a delinquir.
“Que revise sus políticas, de cara a la realidad actual de los postulados, a efectos de generar espacios reales de reintegración social y laboral, y proporcionar un efectivo acompañamiento”, se lee en el pronunciamiento.
Además, pidió al Ministerio de Justicia que coordine la creación de políticas efectivas de regreso a la sociedad de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia y hacer conocer de esta situación a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, para que hagan seguimiento y brinden apoyo.
El Tribunal además negó la posibilidad de que los desmovilizados dejen de usar los brazaletes electrónicos ante la incomodidad que les causa, pues aclaró que estos dispositivos no son un capricho y son una garantía para las víctimas.
“El sistema de vigilancia electrónica no es un capricho del Tribunal. Son las Leyes 906 de 2004 y 975 de 2005. Incluso con el respaldo de la Corte Constitucional. Esta Sala ha decretado la vigilancia electrónica para todos los procesados (excomandantes y expatrulleros) que han sido beneficiados con sustitución de medida de aseguramiento por haber cumplido ocho años físicos de detención en una cárcel; figura que, si bien permite deambular por las calles, no equivale a una absolución o al cumplimiento de la pena”, advierte la decisión.
Añadió que “las víctimas deben recibir un mensaje de no impunidad y los procesados deben captar esa señal psicológica que les recuerde sus compromisos con aquellos a los que agredieron y con la sociedad en pleno (…) Si alguno de los postulados se siente incómodo con la manera en la que el legislador fijó el procedimiento especial, está en total libertad de renunciar al proceso transicional. El sometimiento aquí es voluntario”.
