Fallo ordena mantener suspendidas aspersiones con glifosato en Nariño
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo anunció mediante un comunicado de prensa que: “El Tribunal Administrativo de Nariño, en fallo de segunda instancia, dio la razón a los accionantes de procesos campesinos, indígenas y afros quienes junto con organizaciones sociales denunciaron la violación de los derechos al debido proceso, consulta previa, participación y acceso a la información, en el marco del trámite ante la ANLA con el cual el Gobierno Nacional busca la aprobación de la modificación del permiso ambiental para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato”.
Cesar Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Orlando Fals Borda, indicó que el fallo significa un paso favorable para el conjunto de organizaciones sociales, que han dado una batalla por encontrar un camino que no sea la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, que genera afectaciones a los campos y ecosistemas.
“Este fallo permite que efectivamente se protejan los derechos de las organizaciones y se le da órdenes a la ANLA, Policía Nacional y otros estamentos de Estado para orientar la protección a las poblaciones en cuanto a productividad, desarrollo local y procesos sociales que se vienen generando en las aéreas de influencia donde se pensaba asperjar con glifosato”, puntualizó Santoyo.
Por su parte, comunidades campesinas e indígenas celebraron este fallo del tribunal e insistieron en que es urgente concertar con las comunidades, las estrategias para erradicar los cultivos de uso ilícito sin afectar la biodiversidad y la salud de las personas.
Robert Daza, miembro del Coordinador Nacional Agrario aseguró que: “nosotros le hemos dicho al Gobierno que no es a través de mecanismos de guerra y persecución que se resuelve el tema de los cultivos (…) nosotros como campesinos hemos venido demostrando a nivel nacional que voluntariamente se puede hacer erradicación, pero que es necesario que exista una política que reconozca la economía campesina y que le de oportunidades para sea una línea de ingresos rentable y que podamos vivir dignamente”.
El Tribunal resolvió validar la obligación de hacer las consultas previas y, adicionalmente, requiere a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que velen e intercedan por los derechos de los accionantes dentro del trámite ante la ANLA, y ordena mantener suspendido el proceso hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación.
