La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este viernes la condena contra el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán a 69 meses y un día de prisión efectiva, equivalentes a cinco años, nueve meses y un día. La sanción fue impuesta por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en los departamentos de Casanare y Boyacá.
Según explicó la Jurisdicción en un comunicado, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando integrantes del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez No. 44 (BIRNO) del Ejército Nacional cometieron asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles que posteriormente fueron reportados como bajas en combate, “en el marco de una política institucional que exigía “resultados operacionales” a las diferentes unidades del Ejército”.
"Las víctimas eran hombres jóvenes, en su mayoría campesinos y personas en estado de vulnerabilidad, de los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander. Algunos de ellos, privados de la libertad fuera de sus territorios mediante engaños y promesas de trabajo y llevados a la jurisdicción del BIRNO para ser asesinados. Asimismo, personas estigmatizadas a partir de falsos reportes y antecedentes criminales, ejecutadas con sevicia y luego desaparecidas, para que sus familias no las pudieran encontrar”, explicó la JEP.
La JEP determinó que estas conductas constituyeron crímenes de lesa humanidad y en el marco del caso que investiga este patrón de violencia imputó al teniente coronel (r), Germán Alberto León Durán, como presunto máximo responsable y autor mediato de los asesinatos y desapariciones forzadas.
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En una primera etapa del proceso, el oficial retirado negó su responsabilidad. Sin embargo, antes de que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP —que cumple funciones similares a las de una fiscalía dentro de esta jurisdicción— presentara el escrito de acusación en su contra, reconoció tardíamente los hechos y aceptó su responsabilidad.
En una audiencia restaurativa desarrollada en Yopal, Casanare, el militar afirmó: “Yo emití la orden, daba una orden por escrito, y al dar esa orden, yo abría la puerta para que sucediera esto. Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido. Firmé, y al firmar, mis hombres estaban autorizados. Yo soy el responsable de esas muertes”.
Además, León Durán pidió perdón a los familiares de las víctimas y se comprometió a participar en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en actos públicos de dignificación y otras acciones restaurativas orientadas a reparar el daño causado y aportar verdad plena sobre lo ocurrido.
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Tras valorar esos reconocimientos y compromisos, la Jurisdicción impuso al teniente coronel (r) una pena de cinco años, nueve meses y un día de prisión efectiva. La decisión lo declaró penalmente responsable, en calidad de autor mediato, de 31 asesinatos y desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, además de una tentativa de homicidio en persona protegida.
De acuerdo con la JEP, se trata de una sanción alternativa, pues "conductas de esta magnitud calificadas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra conllevarían penas que podrían superar los 20 años de prisión efectiva”.