Denuncian a alcalde de Pereira por dar orden de “dar de baja a delincuentes”
El senador Iván Cepeda anunció este viernes que presentó una denuncia ante la Fiscalía y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, por los delitos de instigación a delinquir, prevaricato por acción y empleo ilegal de la Fuerza Pública, conductas que habrían sido realizadas por el mandatario en calidad de servidor público.
Lo anterior, de acuerdo con el senador, porque el pasado 2 de mayo el funcionario en el marco de la protesta social hizo un llamado a gremios y efectivos de la seguridad privada en Risaralda, con el fin de crear un grupo común junto con la Policía y el Ejército “para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”.
“El llamado que hiciera el alcalde Maya de crear un frente común, se dio en un contexto de violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, que contribuyó a generar un clima adverso a la protesta social y que se constituyó en un paso previo a hechos de violencia que cobraron múltiples agresiones contra los manifestantes”, explicó Cepeda, quien añadió que tres días después personas vestidas de civil asesinaron al estudiante Lucas Villa en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo.
Otro de los hechos por los que Cepeda denunció al alcalde de Pereira se refiere a la orden que este dio recientemente sobre “dar de baja a delincuentes”.
“El alcalde como máxima autoridad de Policía de Pereira ha dirigido su comportamiento para utilizar la fuerza pública en acciones conjuntas con particulares, para contrarrestar manifestaciones ciudadanas con acciones de represión y dar de baja a delincuentes buscados por las autoridades, y que por ello se configurarían los elementos que componen el tipo penal de empleo ilegal de la fuerza pública, contenido en el Código Penal”, dijo Cepeda en su denuncia.
La denuncia también cita, ampliamente, informes del Comité de Derechos Humanos de Risaralda que reporta hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 13 de mayo de 2021, y que da cuenta de 74 agresiones por agentes de Estado y otros sin establecer, entre homicidios, desapariciones, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas, y detenciones con judicialización y en libertad sin imputación de cargos, acontecidos en Pereira y Risaralda.
Y concluye, que el uso legítimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que esta debe ser tanto necesaria como proporcional con respecto a la situación, es decir, que debe ejercerse con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga. (…) Las autoridades no solo tienen el deber de proscribir la realización de delitos, sino que no pueden alentar su comisión”.
