Extinción de dominio: ¿Una tarea incompleta?
La falta de inventario, poco personal, ausencia de información y la poca rentabilidad de los bienes incautados a las mafias del país, son algunos de los problemas que asegura la Sociedad de Activos Especiales (SAE), enfrenta para administrar los 19.446 bienes que han sido objeto de medidas cautelares desde el 2020, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Predios que podrían cumplir una función social pero que se pierden, se destruyen o son explotados ilegalmente.
A este problema se le suma que actualmente solo 12 jueces de la República están encargados de más de 2.400 procesos de extinción de dominio, generando retrasos en los casos, ya que iniciaron con la Ley 793 de 2002, cuando el proceso era mucho más extenso, pues había más complicaciones en cuanto se debía notificar a los afectados, y otras cuestiones procesales que con el Código de Extinción de Dominio se buscaron superar, pero que al parecer no han sido suficientes.
“La Fiscalía se centra en investigar y presentar la demanda y pues los tiempos corren desde que presenta la demanda ante los jueces, pero los tiempos de los jueces ya no dependen de la Fiscalía sino de la judicatura, lo que se trata es que exista un mayor número de jueces que responda toda la labor que se está haciendo (…) Además se necesita un plan de descongestión para los procesos más antiguos”, explicó la Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.
Es así como 24 billones de pesos, valor según la Fiscalía de los bienes entregados a la SAE, están en riesgo. Así lo pudo comprobar Radio Nacional de Colombia tras una investigación en la evidenció como algunos predios, pese a ser incautados siguen bajo la custodia de sus propietarios, quienes se lucran de ellos cuando ese dinero debería hacer parte de las arcas del Estado; otros han sido saqueados, unas pocas propiedades han sido canjeadas para superar deudas y otras abandonadas.
A lo anterior se agrega que durante un debate en el Senado de la República se conoció que en los 24.441 bienes inmuebles que dice administrar la SAE y cuyo valor supera los 5,3 billones de pesos, no hay certeza de su valor catastral ni comercial, por lo que solo el 21% de los inmuebles están siendo productivos.
“La SAE está administrando más de 600 mil hectáreas y nos está diciendo que la rentabilidad de una sola hectárea es más o menos $20.000 pesos”, reveló en el debate la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta.
Por su parte la senadora Aída Avella puntualizó que “6.700 predios rurales que tiene la SAE, pueden ser la cuota inicial para la reforma agraria”, idea que se unió a la propuesta de otros congresistas para que estas propiedades cumplan una labor social y económica.
Igualmente, los senadores del partido político Comunes, denunciaron que aunque en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, entregaron varios bienes que se habrían perdido por la falta de gestión de la entidad a cargo “(...) los ganados fueron robados por diferentes actores armados que ocuparon esos territorios”, aclaró el congresista Omar Restrepo.
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Ante estas problemáticas, el ministro de justicia, Néstor Osuna, propuso reformar el Código de Extinción de Dominio “para fortalecer ese proceso y permitir que haya con mayor facilidad la aceptación de sentencias anticipadas (…) se podría aceptar elevar el porcentaje al 10 % con tal de que se anticipen las sentencias y podamos tener más rápidamente esos bienes (…) Una primera actuación del gobierno sería la de proponer al Consejo Superior de la Judicatura un incremento significativo, notable y visible del número de jueces que se ocupan de dichos procesos”, precisó.
Agilizar estos procesos es fundamental para la propuesta del Gobierno de darle un uso de economía social a los “bienes de la mafia”, ya que actualmente en todo el país, la Fiscalía tiene incautados millonarias propiedades del Clan del Golfo, de los responsables de cometer delitos ambientales, delincuencia común, estructuras de microtráfico, inmuebles de expendio de estupefacientes, de redes de contrabando, de trata de personas y el ELN, entre otros.
Además, urge que los procesos se aceleren, ya que aunque la fiscal Donado indicó que “la acción de extinción de dominio no prescribe e incluso se puede aplicar de manera retrospectiva como en la fortuna de Pablo Escobar”, la cantidad de dinero que está en riesgo y que se podría estar perdiendo para usar en causas sociales es incalculable, prueba de ellos son los predios que Radio Nacional encontró en esta investigación.
Diversos predios implicados en delitos, pese a los procesos legales que deben asumir, son utilizados para el lucro particular de sus dueños y no tienen supervisión del Estado.
