Alcalde de Neiva apeló sanción que le impuso la Procuraduría
La contratación realizada por la Alcaldía de Neiva para el suministro de alimentos de diferentes sectores de población en 2020, y para hacer al confinamiento por la pandemia de Covid-19, acaba de generar una nueva decisión que ordena la destitución del alcalde Gorky Muñoz Calderón y lo inhabilita por diez años para el ejercicio de cargos públicos.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, es de primera instancia y el mandatario anunció su apelación.
Muñoz Calderón indicó que “la sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación”.
“Por lo tanto”, agregó, “continuaré en el ejercicio normal de mis funciones como Alcalde, tal cual como lo he venido haciendo desde el 1 de enero de 2020”.
El alcalde de Neiva subrayó que “que, si bien acatamos las decisiones de las autoridades administrativas, no compartimos la valoración probatoria realizada por la Delegada, dado que pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la pandemia derivada del Covid-19, la Emergencia Sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta”.
La decisión que alcanza al alcalde de Neiva fue adoptada por la procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento, que también se extiende al entonces secretario de Educación, Giovanni Córdoba; al actual secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera, y a Camila Ortega, secretaria de Mujer para la época de los hechos.
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La investigación de la Procuraduría se ocupó, en primer lugar, del contrato 682 de 2020 para una campaña de cultura ciudadana “en la que adquirieron elementos para efectuar publicidad, bajo la figura de urgencia manifiesta, pero estos fueron almacenados sin que exista evidencia clara de su utilización, durante la vigencia de este”.
En segundo lugar, del contrato 677 de 2020 para alimentar a habitantes en condición de calle, que fueron temporalmente alojados en el coliseo cubierto de Neiva durante el confinamiento.
En este caso, se “seleccionó el ejecutor sin previo análisis y sin tener la idoneidad, capacidad y requisitos mínimos para garantizar su cabal cumplimiento de las actividades solicitadas, por un valor aproximado de 425 millones de pesos, lo que generó que no se llegara a las 350 personas establecidas inicialmente”.
Los siguientes contratos en los que indagó la Procuraduría hacen parte también de la investigación y acusación de la Fiscalía General de la Nación por interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
Los hechos tuvieron que ver con la contratación sin licitación pública para comprar mercados con destino al programa de alimentación escolar y de apoyo a adultos mayores, a comienzos de 2020, otorgada a un único contratista que fue aportante de la campaña electoral del actual alcalde.
