Defensoría alerta sobre errores de la justicia juvenil en Colombia
Durante un informe presentado este lunes, la Defensoría alertó sobre los graves errores que se presentan en la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Al respecto, la entidad constató que la justicia juvenil en Colombia incumple estándares internacionales al encontrar infraestructuras deterioradas producto de humedades, deterioro en acometidas eléctricas y prestación de servicios públicos, abandono en lugares para las prácticas recreativas y deportivas, entre otros. También corroboró que la mayoría de las y los jóvenes del Sistema no están informados jurídicamente sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y a la defensa.
“A través de visitas a los lugares donde se encuentran cumpliendo medidas privativas, los jóvenes, entrevistas y un análisis del funcionamiento del Sistema evidenciamos que persiste la necesidad de generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso, de forma que sea pedagógico, específico y diferenciado de los adolescentes y jóvenes”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Frente al tema, el defensor del pueblo solicitó al Congreso de la República adelantar una modificación legislativa a la Ley 1098 de 2006, tras encontrar “la falta de regulación de esta figura en el Código de Infancia y Adolescencia constituye uno de los vacíos más importantes de la legislación especial”.
Graves falencias en salud, educación y acciones específicas
Durante las visitas realizadas por la Defensoría, comprobó las falencias y dificultades que persisten sobre rutas de atención en salud para la garantía de la prestación de servicios a nivel municipal y departamental. Además de encontrar que en el 37.5% de los centros no hay variedad de programas de formación, y en el 25% no hay acceso a programas técnicos, tecnológicos o de educación superior.
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“Si bien los modelos educativos, estrategias pedagógicas y rutas de acceso son competencia de las secretarías de Educación de los entes territoriales, deben ser concertados con la regional respectiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los operadores de los centros de atención especializada y de los centros de internamiento preventivo en los que serán implementados, así como también debe incluirse a las y los jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad”, señaló el Defensor del Pueblo.
Esto sumado a que en solo el 12.5% de los centros visitados por la entidad existen cuartos de aislamiento “Estas medidas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la salud física y mental de los jóvenes”, manifestó Carlos Camargo Assis.
En el informe, La entidad reconoce el esfuerzo del Estado en la ejecución de programas sociales, sin embargo, manifiesta su preocupación ante la falta de acciones eficaces y sostenidas que se traduzcan en programas y proyectos que les permitan a las y los adolescentes construir un proyecto de vida productivo, una vez cumplan con las medidas privativas.
