Campaña Artemisa ha mantenido la deforestación en el país: Dejusticia
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) solicitó a la Procuraduría una sesión extraordinaria para evaluar las denuncias contra la Campaña Artemisa, la estrategia militar que ha ejecutado el gobierno nacional desde 2019 y que presuntamente ha mantenido la deforestación y empeorado la situación de Derechos Humanos de quienes habitan en los parques nacionales y las reservas forestales.
Esta estrategia se implementó para controlar la deforestación mediante operativos de captura y judicialización contra presuntos responsables de tumbar bosques; de hecho, recientemente fue presentada como la causa de que la deforestación no haya aumentado en los últimos años, sin embargo, en su solicitud, Dejusticia aseguró que esto es falso, pues la deforestación amazónica sigue manteniéndose en niveles preocupantes ya que no ha descendido de las 100.000 hectáreas en los últimos cinco años.
"La militarización de la conservación no está mostrando resultados palpables en el control de la deforestación y, peor aún, está aumentando la desconfianza con el Estado y la vulnerabilidad entre los habitantes de la región", se lee en el documento.
Igualmente, resaltó Dejusticia que está estrategia vulnera los derechos de las comunidades que habitan cerca o dentro de los parques nacionales y las reservas forestales de las regiones, pues en el marco de la misma se han incinerado viviendas, desplazado familias y se han adelantado procedimientos arbitrarios en las capturas y judicializaciones.
"Por si fuera poco, el 5 de marzo de este año un campesino murió en hechos aún no esclarecidos, en el marco de un operativo Artemisa en el territorio de la comunidad indígena La Esperanza, vereda El Triunfo (San Vicente del Caguán, Caquetá). Su nombre era Julián Andrés Muñetón", indicó Dejusticia.
Es por estos hechos que el Centro de Estudios considera urgente conocer las propuestas “para frenar los excesos que están ocurriendo en la implementación de la Campaña Artemisa, y las evaluaciones de su impacto concreto sobre la conservación de los bosques”.
Asimismo, urgen que se celebre la mesa con el fin de “evaluar las recomendaciones y caminos a seguir para que los hechos denunciados sean sancionados de manera efectiva y no se repitan en el futuro, con participación de campesinos e indígenas afectados por los operativos. Y que se elija, de forma prioritaria y urgente, a un representante de los campesinos dentro de la Mesa de Seguimiento, puesto que aún está pendiente por ser ocupado”.
“La sentencia debe implementarse de manera integral, respetando los derechos de los campesinos e indígenas que viven en el borde de las selvas. Mucho más, teniendo en cuenta que ellos han mostrado estar dispuestos a buscar soluciones para armonizar el cuidado de los bosques con el bienestar de las comunidades”, concluyó el Centro de Estudios.
Por el momento, se espera la respuesta de la Procuraduría y el Gobierno Nacional sobre si se realizará esta mesa de seguimiento.
