MinDefensa atribuye a disidencias de las Farc disturbios en Popayán

A disidencias de las Farc, atribuyó el ministro de Defensa, Diego Molano, las confrontaciones acaecidas ayer en Popayán, capital del Cauca. El funcionario, señaló en principio que 51 armas entre ellas 15 fusiles, fueron sustraídas de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, en medio de los ataques contra el organismo judicial.

"La primera hipótesis es que organizaron esos actos vandálicos con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6 de Popayán. Sus cabecillas son conocidos como ‘Cheto’, ‘Maíz’ y ‘El caleño’. Estas personas serán judicializadas como corresponde", dijo.

Según Molano, se trata de hechos vandálicos y terroristas que buscan desestabilizar las instituciones de justicia que operan en la región. "Hechos que buscan mantenerse para atacar la institucionalidad con acciones contra la alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca, según sabemos por informaciones de los organismos de inteligencia. Son ataques premeditados", aseveró.

El ministro de Defensa también anunció que en Popayán serán desplegados, adicionalmente, tres contingentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), así como tres del Ejército Nacional para controlar las alteraciones del orden público en esta ciudad. Los operativos serán constantes en las calles de la ciudad.

"En este esfuerzo hacemos un llamado a prevenir estas acciones, por eso invitamos a los ciudadanos de Popayán a denunciar para lograr la captura de los responsables de otros hechos vandálicos", expresó. Por su parte, Daniel Palacios, ministro del Interior dijo que el Gobierno colombiano respeta las protestas pacíficas pero no tolera los actos delincuenciales.

"Rechazamos el vandalismo como lo es tumbar monumentos, afectar fachadas y generar afectaciones a la infraestructura pública y privada. Nuestro rechazo es contundente frente a las acciones delincuenciales de terrorismo urbano, que se vieron este viernes en las instalaciones de la URI en Popayán", recalcó.

Y señaló también, que la posición del Gobierno es la de escuchar, "a quien quiera ser escuchado pero sin violencia y sin agenda política, y siempre pensando en la construcción de un mejor país. No existen justificaciones válidas para atacar a la institucionalidad", concluyó.

Fiscalía entregó balance de los daños en las instalaciones

El fiscal Francisco Barbosa entregó un balance de las pérdidas registradas en la entidad: “los daños inicialmente están valorados por 20 mil millones de pesos”, indicó.

“El terrorismo urbano en conjunción con la delincuencia organizada, incendiaron y saquearon la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, destruyendo la sede de nuestro Instituto de Medicina Legal, se incineraron nueve vehículos, seis motocicletas, decenas de equipos de cómputo, impresoras. Fueron robadas armas y munición, extrajeron sustancias estupefacientes que estaban incautadas”, detalló Barbosa.

El fiscal indicó que con estos hechos, hubo “pérdida de información muy importante de archivos, en donde reposaban las entrevistas que desde el año 2010 se habían hecho a niños violados. Destruyeron la única cámara especializada y técnica para proteger en las investigaciones a nuestros niños, fueron desvalijadas. Saquearon de la manera más salvaje la administración de justicia en el Cauca”.

Hoy la ciudad permanece custodiada por unidades especiales del Ejército Nacional mientras hay patrullajes constantes por parte de integrantes de la Policía del país. Todo ello, tras las instrucciones del presidente de la República, Iván Duque quien ordenó a los ministros del Interior y de Defensa, Daniel Palacios y Diego Molano, ponerse al frente del orden público de la capital del Cauca.

Mientras tanto, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López; y el Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, mediante la vocería de monseñor Ómar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán; hicieron un llamado al diálogo y a la calma. "Queremos invitarlos a un diálogo constructivo y abierto", anotó el alto prelado de la Iglesia Católica en Cauca, al hacer un llamado a los manifestantes al tiempo que requirió al Gobierno colombiano, a generar respuestas prontas al problema de orden social y público en Popayán.