Inicia juicio político contra Guillermo Lasso en Asamblea Nacional
El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por presunto peculado, inició hoy martes en el pleno de la Asamblea Nacional (Congreso), donde se definirá una posible censura y destitución del mandatario.
La sesión de interpelación arrancó después de las 10:00, hora local (15:00 GMT), con la presencia de 109 asambleístas de los 137 que conforman el Congreso, controlado por la oposición al Gobierno de Lasso.
"Doy por iniciada la interpelación al presidente de la República del Ecuador", declaró el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tras la lectura de la resolución en la que 88 asambleístas aprobaron el 9 de mayo pasado llamar a juicio político al gobernante.
La resolución dispuso enjuiciar a Lasso "por la infracción constitucional de peculado (malversación de fondos públicos)", admitida a trámite por la Corte Constitucional.
El delito se habría cometido en un contrato millonario a cargo de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos que perjudicaría al Estado.
Los asambleístas interpelantes abrieron el proceso aclarando que el juicio político es legítimo y presentaron pruebas testimoniales y documentales en contra de Lasso.
Acusaron al presidente, un exbanquero de 67 años, de supuestamente tener conocimiento de los actos ilícitos de funcionarios que otorgaron a terceros de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo.
La principal asambleísta interpelante, Viviana Veloz, del Movimiento Unión por la Esperanza (Unes), que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), dijo que Lasso siempre supo de la corrupción y, pese a que le alertaron durante el año 2022, no denunció ante la Fiscalía.
"Es irrefutable la responsabilidad política del presidente, pues tenemos el convencimiento de que no sólo conoció y permitió la corrupción, sino que fue parte estratégica de la misma, adecuando su conducta a la figura de peculado", apuntó, tras señalar que se habría perjudicado al Estado con más seis millones de dólares.
Para la destitución se requieren 92 votos de los 137 miembros del Congreso.
Por su parte, Lasso, quien llegó pasado el mediodía a la sede de la Asamblea Nacional, presentó sus alegatos de defensa en el juicio político que, según dijo, se basa en una "absurda acusación" para crear inestabilidad.
"Lo que está en juego no es meramente la viabilidad de un Gobierno, sino el Ecuador como Estado. Nos estamos jugando el alma de nuestra democracia", dijo, tras apelar a la reflexión de los legisladores para que voten a favor de la institucionalidad.
Lasso señaló que se trata de un "juicio infundado" por asambleístas que han creado una situación ficticia para acabar con su Gobierno y tomarse el poder hasta por cuatro ocasiones en dos años de su administración.
"No hay pruebas ni testimonios relevantes, lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia", apuntó tras afirmar que el tema es político.
Desvirtuó las acusaciones al señalar que el contrato por el cual se lo lleva a juicio fue firmado en 2018 y renovado en 2020, cuando aún no era presidente.
Abundó que las empresas públicas son entidades autónomas y que el presidente no tiene injerencia, ni interviene en la firma de contratos, ni en negociación de ningún tipo.
Esta es la primera vez en 44 años de vida democrática de Ecuador que un presidente enfrentará una posible censura y destitución ante el Poder Legislativo.
Tras las intervenciones de ambas partes, se suspendió la sesión, para luego abrir turnos de réplica y un debate legislativo.
La votación de la posible censura y destitución podría ocurrir entre el 20 y 22 de mayo.
Este juicio político concentra la atención del país, que vivió una inestabilidad política entre agosto de 1996 y enero de 2007, cuando hubo siete presidentes, tres de ellos derrocados.
Cientos de simpatizantes de Lasso llegaron hoy a Quito desde varias provincias para expresarle su respaldo y rodearon los alrededores de la Asamblea Nacional, que fue cercada con vallas metálicas y vigilada por policías.
