Perú: anticipar elecciones y reajustar el gabinete no resuelve la crisis
Ni el anticipo de elecciones generales para el 24 de abril de 2024 que se abrió paso ayer en el Congreso, ni la restructuración del Gabinete Ministerial anunciado hoy, ni el asilo en México de la familia del expresidente Pedro Castillo resolverán la crisis política e institucional del Perú.
Reajustes en el Gabinete
La presidenta de la República, Dina Boluarte, madrugó hoy para juramentar como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros a Luis Alberto Otárola, quien ejerció como ministro de Defensa solo durante diez días.
También juramentó como nuevos ministros a Jorge Luis Chávez Cresta (Defensa), Víctor Eduardo Rojas Herrera (Interior), Oscar Manuel Becerra (Educación) y Leslie Urteaga (Cultura).
En el Gabinete reajustado con un perfil más político que técnico –según anticipaba el domingo pasado la presidenta Boluarte– fueron ratificados los titulares de Relaciones Exteriores; Economía; Justicia y Derechos Humanos; Salud; Desarrollo Agrario y Riego; Trabajo; Producción; Comercio Exterior y Turismo; Energía y Minas; Transporte y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e inclusión social.
Pedro Castillo no era el problema
El intento golpista del destituido presidente Pedro Castillo ha sido apenas el último episodio de la crisis política e institucional que vive el Perú, especialmente desde 2016, sin solución duradera a la vista y sin visión de un futuro estable.
La crisis peruana de hoy no comenzó con Castillo ni terminó con su destitución. Tampoco se resolvería al ciento por ciento con la disolución del Legislativo o la convocatoria de nuevas elecciones ajustadas a los procedimientos constitucionales.
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La crisis es estructural
El hoy ratificado ministro de Justicia, José Tello, nos decía en marzo pasado que el Perú encaja en la definición clásica de una “democracia imperfecta” porque:
• Las instituciones peruanas son muy débiles.
• Los liderazgos políticos no recaen sobre los partidos sino sobre personas, con frecuencia con rasgos caudillistas.
• Los partidos políticos son aparatos meramente instrumentales durante las elecciones, carecen de legitimidad social, están desconectados de las agendas ciudadanas, no gestionan la solución de conflictos, no buscan consensos que garanticen la gobernabilidad democrática y se reparten el poder burocrático, en detrimento de los consensos necesarios para la construcción de una agenda nacional.
• La oposición, sobre todo desde los sectores de la derecha peruana, no ha ejercido responsablemente su rol y, en muchos momentos, sigue actuando con sectarismo, revanchismo, prejuicio y abusos de su poder.
• La sociedad civil peruana carece de un tejido social fuerte y no está bien estructurada, a pesar de algunos liderazgos con relevancia nacional. Falta capacidad para marcarles una agenda a los partidos políticos y al Gobierno, fiscalizarlos y ejercer presión mediante la movilización callejera para hacerse oír como, por ejemplo, durante la campaña feminista ‘Ni una menos’ o las marchas contra el fugaz presidente Miguel Marino.
Entonces, el periodista Jonathan Castro –editor general de ‘La Encerrona’—afirmaba en un artículo para el Washington Post que los frecuentes ajustes que Pedro Castillo hacía en su Gabinete simplemente representaban lo mejor que sabía hacer: repartir el poder para salvar su pellejo, buscando siempre pequeñas alianzas para evitar ser destituido por la oposición. Está por verse si el reajuste ministerial de hoy, repite fórmulas del pasado.
El quebrantamiento constitucional que le pasó factura a Castillo con su destitución por el Congreso se sumó a otros factores como la inexperiencia como gobernante, el peso de su talante de sindicalista, su condición de líder izquierda anclado umbilicalmente al partido Perú Libre y las denuncias de graves hechos de corrupción presentados ante el sistema judicial contra él y su entorno.
Además, nos decía el hoy ministro de Justicia, Castillo demostró un bajo perfil como estadista porque no fue capaz de convocar a todos los sectores y demostrar con claridad sus objetivos y cómo lograrlos –a diferencia, por ejemplo, de Lula Da Silva en Brasil; Evo Morales en Bolivia; Hugo Chávez en Venezuela, o Rafael Correa en Ecuador.
La aparatosa destitución de Castillo parece darle la razón a Jonathan Castro, quien sostiene que el origen de la crisis no se explica solo por la precariedad del presidente o por el “golpismo” de la oposición. En el fondo ha estado latente un “proceso atropellado de disputa encarnizada por el poder, sin una agenda que priorice las reformas que se requieren para evitar que la crisis continúe siendo normalidad”.
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S.O.S por los derechos humanos
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha arribado al país, por petición del Gobierno que la semana pasada fue puesto en la picota pública por su aparente incapacidad para liderar la respuesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía a la oleada de protestas que a la fecha han dejado el saldo trágico de 26 personas muertas, decenas de policías y civiles heridos, y afectaciones graves a infraestructura y a la economía.
La Defensoría del Pueblo del Perú demandó el “cese inmediato de hechos de violencia” en las protestas sociales, pidió a las Fuerzas Armadas y Policiales que actúen “conforme a la Constitución y la Ley”, advirtió que las autoridades políticas son responsables del “curso de acción” para superar la crisis y reiteró que el estado de Emergencia y el toque de queda son excepcionales y “no constituyen mecanismos idóneos para la solución del conflicto”.
Las movilizaciones fueron convocadas para exigir nuevas elecciones lo antes posible, cerrar el Congreso que destituyó al presidente Castillo, liberar al exmandatario, exigir la renuncia de la actual presidenta cuyo mandato debería terminar en 2026 y convocar una Asamblea Constituyente.
Estado de Emergencia e inmovilización social obligatoria
El pasado 14 de diciembre, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte decretó el Estado de Emergencia a nivel nacional por treinta días, durante los cuales la Policía Nacional debe mantener el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Con la medida, el Gobierno reaccionó a los que llamó “actos de violencia y vandalismo” contra las instituciones públicas y privadas, ciudadanos y autoridades.
En el marco de la Emergencia Nacional, el gobierno decretó por cinco días la “inmovilización social obligatoria” de todas las personas en su domicilio en quince provincias, consideradas jurisdicciones con mayor conflictividad.
Los límites de la protesta y del uso de la fuerza
A quienes han salido a las calles, la Defensoría del Pueblo les ha dicho que “toda movilización debe darse pacíficamente y les ha recordado que quienes cometen disturbios y se ponen al margen de la Ley deben responder ante la justicia.
No obstante, el comunicado de la Defensoría subraya que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales requiere el “estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas vigentes y en los estándares en materia de derechos humanos”.
Para la Defensoría del Pueblo, el Estado de Emergencia y el toque de queda deben ser temporales y solo “deben estar dirigidos al restablecimiento de la paz social y el respeto de los derechos humanos”, garantizando que el personal armado “tenga la experiencia, entrenamientos y capacidades suficientes para participar en el control de las manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”.
Garantías para la Defensoría y para las víctimas
“Las autoridades políticas de todo nivel, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deben colaborar con el ejercicio de las labores” de la institución, puesto que sus funciones de “protección de derechos humanos no se ven interrumpidas ni limitadas por la declaración del Estado de Emergencia o el toque de queda”.
La Defensoría ha interpuesto denuncias ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos y anticipó que realizará supervisión exhaustiva de las investigaciones para evitar la impunidad.
Además, recordó que corresponde al “Estado reparar de forma integral y oportuna a los familiares de las víctimas y atender la completa recuperación de las personas heridas, y recomendó la creación de un Comité Especial por parte del Poder Ejecutivo.
Anticipo de elecciones y diálogo con la ciudadanía
En el comunicado, la Defensoría considera urgente una decisión sobre el adelanto de elecciones, crear condiciones para el diálogo con todos los actores y escuchar a la ciudadanía que está demandando una salida política a la crisis institucional, exacerbada por la ruptura constitucional que intentó el expresidente Castillo.
El palo no está para hacer cucharas
La crisis institucional se profundiza con pronunciamientos públicos como el del Gobierno Regional de Ayacucho que responsabiliza de los muertos y heridos a los ministros del Interior y Defensa y a la presidenta Dina Boluarte –a quién le exige que renuncie al cargo--.
La Defensoría ha dado cuenta de 53 movilizaciones pacíficas en 13 provincias y ha divulgado un reporte, según el cual, en el Perú hay 221 conflictos sociales (161 activos y 60 latentes), de los cuales en Loreto (30), Cusco (20) y Apurimac (17).
