Perú: violencia, estado de emergencia e incertidumbre política

La Defensoría del Pueblo del Perú demandó hoy, mediante un comunicado, el “cese inmediato de hechos de violencia” en las protestas sociales, pidió a las Fuerzas Armadas y Policiales que actúen “conforme a la Constitución y la Ley”, advirtió que las autoridades políticas son responsables del “curso de acción” para superar la crisis y reiteró que el estado de Emergencia y el toque de queda son excepcionales y “no constituyen mecanismos idóneos para la solución del conflicto”.

Las movilizaciones han sido convocadas para exigir nuevas elecciones lo antes posible, cerrar el Congreso que destituyó al presidente Castillo, liberar al exmandatario, exigir la renuncia de la actual Presidenta cuyo mandato debería terminar en 2026 y convocar una Asamblea Constituyente.

Estado de Emergencia e inmovilización social obligatoria

El pasado 14 de diciembre, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte decretó el Estado de Emergencia a nivel nacional, por treinta días, durante los cuales la Policía Nacional debe mantener el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Con la medida, el Gobierno reaccionó a los que llamó “actos de violencia y vandalismo” contra las instituciones públicas y privadas, ciudadanos y autoridades.

En el marco de la Emergencia Nacional, el gobierno decretó por cinco días la “inmovilización social obligatoria” de todas las personas en su domicilio en quince provincias, consideradas jurisdicciones con mayor conflictividad.

Balance provisional

El corresponsal del diario El País de España reportaba hoy que desde la destitución de Pedro Castillo y bajo la presidencia de Dina Boluarte, 12 personas han muerto en choques con las fuerzas de seguridad y seis como consecuencia de bloqueos en las vías.

Seis de las víctimas mortales no superaban los diecinueve años. Ninguno falleció en Lima sino en la serranía y en la costa: Apurímac (6), Ayacucho (7), Huancavelica (1), Arequipa (1) y La Liberad (3).

El episodio más grave ocurrió en Ayacucho, en los alrededores del aeropuerto, cuando un grupo de manifestante intentaba tomar el control de la terminal aérea. “Como ha podido constatarse en vídeos difundidos por vecinos, no todos los militares dispararon al aire”, reseña el corresponsal del diario.

La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar confirmó que allí murieron ocho personas. El corresponsal del diario reportó 52 heridas. La funcionaria admitió en una entrevista radial que el total de personas fallecidas durante las protestas podría llegar a “dos decenas”, según declaró a la radio local RPP.

La República informaba hoy, a las nueve de la mañana, que los civiles heridos suman 250 y los policías heridos 216.

Al comenzar este viernes, seguía el bloqueo en 92 puntos de carreteras clave y el cierre de cinco aeropuertos en ciudades andinas del Perú.

Según el diario La República, la Panamericana Sur, a la altura del distrito La Joya, en Arequipa, permanecía bloqueada por manifestantes del Sindicato de Construcción Civil; el terminal terrestre de Puno estaba cerrado porque los transportistas se han sumado a la protesta.; y unos cinco mil mineros de Caravelí y Ayacucho mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Chala (Arequipa).

Los límites de la protesta y del uso de la fuerza

A quienes han salido a las calles, la Defensoría del Pueblo les ha dicho que “toda movilización debe darse pacíficamente y les ha recordado que quienes cometen disturbios y se ponen al margen de la Ley deben responder ante la justicia.

No obstante, el comunicado de la Defensoría subraya que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales requiere el “estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas vigentes y en los estándares en materia de derechos humanos”

Para la Defensoría del Pueblo, el estado de emergencia y el toque de queda deben ser temporales y solo “deben estar dirigidos al restablecimiento de la paz social y el respeto de los derechos humanos”, garantizando que el personal armado “tenga la experiencia, entrenamientos y capacidades suficientes para participar en el control de las manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”.

Garantías para la Defensoría y para las víctimas

“Las autoridades políticas de todo nivel, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deben colaborar con el ejercicio de las labores” de la institución, puesto que sus funciones de “protección de derechos humanos no se ven interrumpidas ni limitadas por la declaración del estado de emergencia o el toque de queda”.

Frente a los sucesos violentos acaecidos en Ayacucho que “han costado la vida de ocho personas y dejado múltiples heridos”, la Defensoría informó que ha interpuesto denuncias ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos y anticipó que realizará supervisión exhaustiva de las investigaciones para evitar la impunidad.

Además, recordó que corresponde al “Estado reparar de forma integral y oportuna a los familiares de las víctimas y atender la completa recuperación de las personas heridas, y recomendó la creación de un Comité Especial por parte del Poder Ejecutivo

Anticipo de elecciones y diálogo con la ciudadanía

En el comunicado, la Defensoría considera urgente una decisión sobre el adelanto de elecciones, crear condiciones para el diálogo con todos los actores y escuchar a la ciudadanía que está demandando una salida política a la crisis institucional, exacerbada por la ruptura constitucional que intentó el expresidente Castillo.

"El palo no está para hacer cucharas"

El clima político no es el más favorable y las tensiones aumentan:

• La presidenta Dina Boluarte se la juega por adelantar los comicios a diciembre de 2023.
• La gente en la calle exige elecciones cuánto antes.
• El Congreso ha ampliado la legislatura ordinaria hasta el 23 de febrero de 2023 para continuar debatiendo propuestas de reforma constitucional que permitan adelantar los comicios legislativos.
• Por lo visto hasta ahora, el debate y el trámite en el Congreso están lejos de avanzar con la celeridad que las circunstancias exigen.
• La definición de un nuevo proceso electoral debería aprovecharse para incluir la convocatoria de un referéndum para la Asamblea Constituyente, según legisladores fujimoristas.
• La crisis institucional se profundiza con pronunciamientos públicos como el del Gobierno Regional de Ayacucho que ayer responsabilizó de los muertos y heridos a los Ministros del Interior y Defensa y a la presidenta Dina Boluarte –a quién le exige que renuncie al cargo--.
• Ayer, la Defensoría dio cuenta de cincuenta y tres movilizaciones pacíficas en trece provincias y divulgó un reporte según el cual, en el Perú de hay 221 conflictos sociales (161 activos y 60 latentes), de los cuales en Loreto (30), Cusco (20) y Apurimac (17).