Venezuela le reclama a España por cuestionamientos a la reelección de Maduro
Venezuela no permitirá una "acción injerencista" de España, dijo este viernes el canciller Yván Gil en medio de una crisis diplomática generada por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo que le será concedido a su rival opositor en Madrid.
Gil recibió en la cancillería al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para expresar la "postura contundente del gobierno venezolano", según un mensaje publicado en Telegram.
"No permitiremos ninguna acción injerencista por parte del gobierno de España", escribió el canciller, un día después de llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez.
Lee también
- Turismo en tiempo récord: las implicaciones de viajar en aviones supersónicos
- "El fascismo no es una opinión, el fascismo es un crimen”: Juan Carlos Monedero, politólogo español
La tensión en las relaciones bilaterales aumentó en los últimos días después de que el candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, llegó el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, y el comentario de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que tildó de "dictadura" al gobierno de Maduro.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival.
Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales, que según la oposición demuestran su victoria.
"Decisiones soberanas"
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó la llamada a consultas de su par venezolano. Son "decisiones soberanas", zanjó.
"No hay nada que comentar", dijo Albares este viernes a la radio pública RNE. "Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles" con Venezuela.
Gil indicó que "Venezuela adoptará las medidas necesarias, en el marco del derecho internacional y la diplomacia bolivariana de paz, para proteger su soberanía".
El gobierno español está bajo presión. El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados le exigió reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio.
En respuesta, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. "¡Que se vayan de aquí todos!", clamó.
Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, entre ellos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos con doble nacionalidad. En Venezuela, en tanto, viven 136.000 españoles.
El jueves, Sánchez recibió a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró en la red social X que "España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela".
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró este viernes que "las elecciones no las ha ganado Maduro" aunque sin reconocer a González Urrutia, a quien invitó a Bruselas.
"Por desgracia en este estos temas no hay varitas mágicas", dijo en rueda de prensa en Madrid. "Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero no cambian la realidad".
"No somos chantajeables"
La escalada con España coincide con el anuncio de Washington el jueves de sanciones a 16 funcionarios, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y miembros del alto mando militar y de los servicios de inteligencia.
Entre ellos está el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez, responsable de las operaciones castrenses.
"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar", respondió este viernes la Fuerza Armada en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar, que suele declarar "lealtad absoluta" a Maduro.
Según Estados Unidos, que también reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios "impidieron un proceso electoral transparente".
La declaración leída por Padrino acusó a Washington de "un nuevo acto de grosero injerencismo" con "el desesperado e irracional propósito de derrocar al gobierno" de Maduro e "instaurar un títere", en referencia a González Urrutia, aunque sin mencionarlo expresamente.
La Corte Suprema, la autoridad electoral y el Parlamento también condenaron las sanciones estadounidenses.
