Así avanza el Acuerdo de Paz tras dos años de Gobierno del presidente Gustavo Petro
Durante los dos primeros años del Gobierno de Gustavo Petro se han destacado varios puntos en el avance de la implementación del Acuerdo de Paz entre los que se encuentra las iniciativas que hay en materia de la Reforma Rural integral, donde la Agencia Nacional de Tierras ha sido fundamental para dar cumplimiento a este punto, por la titulación de predios a campesinos y comunidades indígenas.
Una de las más grandes entregas fue el 26 de julio del 2024, donde la Agencia Nacional de Tierras, entregó títulos a resguardos indígenas en 10 departamentos del país, en una jornada que responde al reconocimiento de la constitución y ampliación de más de 19 mil hectáreas que beneficiaron alrededor de 4 mil familias de comunidades indígenas.
Felipe Harman Ortiz, director general de la ANT, sostuvo que la reforma agraria se debe trabajar de la mano de las comunidades indígenas de todo el país. “Esta nueva entrega de títulos de propiedad es un paso clave para la reivindicación de sus luchas históricas, avanzando en la transformación y la defensa de los territorios ancestrales”.
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De los tres millones de hectáreas de tierras que están consignadas en el Acuerdo de Paz que deben comprarse para los campesinos del país ya se han obtenido más de 180 mil. Un hecho histórico y sin precedentes que el presidente Gustavo Petro ha procurado impulsar desde el primer día de su mandato y pese a que para muchos esta no sea mucha tierra, sí es un paso gigantesco que impulsa a seguir luchando por eliminar la desigualdad e injusticia con la población campesina víctima del conflicto armado en Colombia.
Uno de los logros más significativos de la Agencia Nacional de Tierras en la lucha porque el campesino tenga tierra productiva, sostenibilidad económica, social y ambiental en su propia tierra, es que actualmente Bogotá y cada departamento del país tiene una oficina de la ANT para que los campesinos y asociaciones adelanten sus gestiones para acceder a una tierra propia.
Sin embargo, en materia de la Reforma Rural integral, falta la implementación de estrategias o de recursos para cumplir con agua potable y saneamiento y energía asequible para todos los territorios, ya que hay lugares como los municipios del Sur de Colombia en los que no cuentan con estos servicios.
En materia de conectividad el Gobierno nacional ha implementado diferentes estrategias que permitan cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, a través del programa "Conectividad para Cambiar Vidas", se ha llegado con Internet de banda ancha a 400.000 hogares de estratos 1 y 2, ubicados en 178 municipios de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, el Urabá antioqueño, La Guajira, Amazonas y Vichada.
“También se trabaja para establecer 2.500 "Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad" este año, para que organizaciones sociales y Juntas de acción Comunal lleven el servicio de Internet a sus mismas comunidades” afirmó Mauricio Lizcano, ministro de las TIC.
Víctimas
Luego de dos años en los cuales las víctimas revivieron la esperanza en Gobierno del Cambio, algunos líderes afirman que “en Colombia no se ha legislado para la Colombia profunda; se ha legislado bajo unos intereses mezquinos que van en contravía de que todo el mundo pueda suplir las necesidades mínimas”, dijo Blasney Mosquera, coordinador departamental de la Mesa de Víctimas del Chocó.
Unos de los factores señalados del atraso que viven las comunidades del departamento del Chocó, es la persistencia de la violencia por lo cual “tenemos que mirar cómo construir país desde las diversidades y como apoyar el interés de un gobierno de turno en que se firme un proceso de paz para que los territorios rurales puedan tener por fin tranquilidad que les permita permanecer en la región”, puntualizó el coordinador.
Las consecuencias del recrudecimiento del conflicto han generado desplazamientos de todo tipo (masivos e individuales) situación que preocupa a las autoridades locales “todo el mundo quiere salir de la zona rural porque no hay presencia del estado en inversión social y mucho menos en fuerza pública; situación que lleva a la mendicidad a quienes van a las ciudades”, concluyó Mosquera.
Una situación similar acontece en el departamento de Nariño, en el que la Unidad para las Víctimas ha tenido que atender a la población que ha salido desplazada de los municipios de la Cordillera y el Pacífico Nariñense, por enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública.
Además, para mejorar la atención a las personas víctimas del conflicto, la Unidad para las Víctimas ha realizado capacitaciones que permitan generar mayor confianza con la población.
Sandra Sarria Cruz, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, manifestó, “es importante para nosotros poder seguir trabajando en fortalecer a las mesas, sobre todo hemos venido haciéndolo con las mesas municipales. Sin embargo, es importante que la mesa departamental que representa a todos los 64 municipios del departamento tenga estas oportunidades de encuentro, de trabajo articulado, de espacios autónomos, que les permita seguir generando recomendaciones y observaciones”.
Reincorporación
Según la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN son más de 12 mil firmantes de paz de los cuales se tiene 5.940 de proyectos productivos (colectivos e individuales) que le apuestan a la paz, los cuales han tenido un costo de $ 103.960.893.956 siendo una inversión crucial para fortalecer la economía de los firmantes.
El total de firmantes activos es de 12.083 en el proceso de reincorporación, que representa el 86% de los 14.116 acreditados por la Oficina del consejero Comisionado de Paz.
Uno de los grandes retos que se tiene es el tema de la vivienda o la posibilidad de tierras, para el firmante de paz Ramiro Romero el tema aún no se materializa, "el presidente Petro ante las naciones unidas hablo sobre la importancia de poder invertir y acelerar el accionar del proceso de paz". Así mismo, Lorena Marín, líder del aETCR la Variante, en Tumaco, manifestó “nosotros soñamos con tener una vivienda digna, en la que podamos pasar nuestro tiempo, nosotros hemos cumplido y ahora esperamos que el gobierno nos cumpla para seguir apostándole a la paz”.
A la fecha son 10.230 firmantes de paz viven fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, AETCR y 1853 viven aún en estos espacios en toda Colombia.
Sistema Integral para la Paz
Desde la perspectiva de los firmantes de paz en Huila, la implementación de los acuerdos de paz durante los dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro ha fortalecido la credibilidad del proceso. Víctor Hugo Silva Soto, firmante de paz e integrante de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz “COOAGROPAZ", destaca que, a pesar de la voluntad del gobierno, "la sociedad aún no ha asumido completamente su responsabilidad". Silva Soto subraya que los firmantes están decididos a seguir avanzando con una política restauradora para apoyar a quienes fueron afectados por el conflicto armado.
A pesar de las dificultades y desafíos de pasar de una posición de conflicto a una de paz, en Huila se han llevado a cabo trabajos y acciones restauradoras con algunas asociaciones de víctimas. "No es fácil generar confianza con ellas", admite Víctor Hugo. "Sin embargo, lo que se debe considerar es la corresponsabilidad del Estado. Aún se percibe una falta de respaldo y oportunidades suficientes para las víctimas".
Silva Soto enfatiza que "la responsabilidad de la paz y la deuda histórica con las víctimas es una tarea que corresponde a todos".
En general, el balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz en los dos años del gobierno de Gustavo Petro ha sido bueno, pese a que, ha tenido falencias, el Gobierno ha cumplido mayoritariamente con el primer punto sobre la Reforma Rural Integral.
