"La operación Orión deterioró el Estado de derecho": JEP
En la diligencia, convocada para evaluar la protección a La Escombrera y La Arenera, el magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección, se pronunció acerca de tres operaciones de la Fuerza Pública que terminaron en civiles asesinados y desaparecidos.
A 21 años de la operación Orión, el magistrado Salazar destacó al hecho como una "desaparición masiva de jóvenes". "Las operaciones Orión, Marisca, Antorcha, entre otras, no fueron operativos audaces ni batallas épicas, fueron acciones oscuras que deterioraron el estado de derecho que decían defender", afirmó el togado.
Los operativos, de acuerdo con el magistrado, "no se validan ni excusan en los sonoros aplausos de quienes creen que los fines justifican los medios". Salazar subrayó que el resultado de las operaciones fue la salida de las milicias del Eln y las entonces Farc de la Comuna 13, solo para ser remplazadas por "el impune dominio del Bloque Cacique Nutibara" de las Autodefensas.
Además del control de los grupos armados ilegales, la operación Orión, entre otras, dejó como saldo a varias personas desaparecidas. Por eso, en la labor de encontrarlas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso medidas cautelares en La Escombrera y La Arenera, donde existen indicios de que podrían estar enterrados cuerpos de habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal.
"Quiero pedir perdón, perdón, perdón a ustedes, las madres buscadoras que reclaman verdad, a las hijas, a las esposas empeñadas, a los hombres que caminan al lado de ellas", expresó el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. "Quiero pedir perdón en nombre de un Estado indolente y, con frecuencia, incompetente", añadió.
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En el marco de las medidas adelantadas por encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas, La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantan estudios geotécnicos en La Escombrera y La Arenera. Por ello, deberán presentar información detallada de sus hallazgos.
La Alcaldía, por su parte, contrató un informe de geotecnia durante la administración de Daniel Quintero, y durante la diligencia de este miércoles debe dar cuenta de los resultados. El ahora encargado Óscar Hurtado dijo que la administración realizó un cerramiento de la zona en la que se realiza una intervención técnico-forense, teniendo en cuenta las condiciones de la JEP.
Hustado señaló, al igual que el ingeniero Diego Moreno, que el principal resultado del estudio geotécnico es que se podrá excavar en La Escombrera y La Arenera para poder continuar la búsqueda de personas. No obstante, detalló Moreno, es necesario seguir algunas especificaciones técnicas para evitar riesgos y, así, llegar a una intervención segura.
La excavación en La Escombrera y La Arenera podría tardar 440 días y podría costar más de 4 mil millones de pesos, según lo explicado en la audiencia pública de hoy, que inició con un acto simbólico de mujeres buscadoras que aún esperan respuestas de parte del Estado.
A la audiencia pública están citados la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y la gobernación de Aníbal Gaviria. Todas ellas deberán reportar si, en el marco de sus funciones, han podido priorizar la pedagogía y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado.
"Lo paradójico es que, mientras las entidades discuten los procedimientos técnicos para la intervención en La Arenera, la empresa El Cóndor sigue realizando explotación minera sin ninguna complicación, incluso al lado del polígono protegido", reclamó Diana Arboleda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
