“Actuamos dentro de lo que la constitución y la ley nos exige”: consejero Archila

Ante las críticas por el uso desmedido de la fuerza por parte de uniformados en medio de las protestas sociales que vive el país, en diálogo con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, afirmó que el Gobierno está actuando dentro de lo que la Constitución y la ley exige, y “estamos haciendo eco de los miles de colombianos que marcharon ayer en representación de millones”.

Reconfirmó que una de las condiciones que puso el Gobierno Nacional al Comité Nacional del paro para continuar la mesa de diálogo es que cesen los bloqueos en las vías de varias regiones, y reiteró que estos “no tienen nada que ver con la protesta pacífica”.

“Nosotros creemos que el diálogo es la única forma para entendernos y ese diálogo debe llevar a que nos encontremos alrededor del bien común que, en este caso, se enfoca en que cesen todos los bloqueos”, reiteró Archila.

Y argumentó que la comida y los insumos están cada vez más costosos, que los campesinos no han podido sacar sus productos y personas no han podido recibir sus medicamentos a causa de los bloqueos, sumado a que industrias han cerrado y empleos se han perdido.

“Esto no tiene ningún sentido, no hay ninguna proporcionalidad, no hay ningún país en el mundo en donde esta quiebra social haga parte del derecho a la protesta. Este no es un tema de grados, en el que en lugar de causarle daño a muchos se lo causen a unos pocos”, expresó el consejero.

Según él, los diálogos nunca se han parado y, de hecho, mañana el Gobierno y el Comité se volverán a reunir a nivel nacional y en cada territorio, como en meta y Nariño. “Nosotros preparamos una metodología con los más altos estándares internacionales y se la entregamos al Comité Nacional del Paro para comenzar a analizar los siete puntos en los que ellos quieren que trabajemos”, contó.

A su vez, el Comité Nacional del Paro pide que cesen las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública contra los manifestantes, que ha causado varias muertes y heridos, incluso, que han perdido uno de sus ojos. Y, además, piden que se aclare qué ha pasado con los cientos de desaparecidos registrados desde el inicio de las protestas el 28 de abril. Y rechazaron el aumento de militares en algunas zonas del país.

Al respecto, Archila aclaró: “No es como tal una militarización, lo que hay es la presencia, acompañamiento y el uso de las fuerzas armadas en la medida que las circunstancias se comiencen a convertir peligrosas para todos los manifestantes y ciudadanos. La obligación que tiene el Gobierno es disponer las fuerzas de seguridad para protegernos en proporción a las amenazas y violencia que se presente. La Fuerza Pública no puede dejar desprotegidos a los colombianos que están siendo amenazados por vándalos. Si se logran los desbloqueos, ya no se necesitaría la presencia de la Fuerza Pública”.