Congresistas cuestionan mecanismo para escoger al nuevo contralor general

La reciente decisión de los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Ricardo Racero, de convocar para el próximo jueves a una comisión accidentes para integrar la nueva lista de los candidatos a contralor general de la República, de acuerdo con sus méritos y en equidad de género, suscitó controversia en el Congreso de la República y en la misma entidad.

Por un lado, la representante a la Cámara por el Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, aseguró que ese mecanismo anunciado por los presidentes Barreras y Racero, es la primera 'jugadita' que el petrismo quiere hacer en el Congreso. Pedraza, quien es una líder estudiantil, hace parte del partido del exsenador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales críticos del presidente electo Gustavo Petro.

Para Pedraza, es falso lo que dijeron los dos congresistas, “porque tanto el criterio de la equidad de género, como el criterio de la meritocracia, fueron corregidos y contemplados en la última lista conformada por el Congreso de la República”. Ese proceso al que se refiere la congresista lo hizo el Congreso saliente el pasado 18 de julio, en cumplimiento de los fallos judiciales que así lo dispusieron.

Precisó Pedraza que “la bancada del Gobierno pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir que violemos la ley, para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo Gobierno, como lo es Julio César Cárdenas, que fue funcionario del próximo presidente Gustavo Petro”.

La selección de los candidatos está a cargo de una subcomisión accidental de senadores y representantes, pero en las últimas horas se conoció que al menos cuatro senadores ya se marginaron de la misma por considerar que ese procedimiento sería viciado, uno de ellos es precisamente el primer vicepresidente del Senado, el liberal Miguel Ángel Pinto, como también el liberal Lidio García y el senador de la U, Juan Felipe Lemus. El cuarto es el exvicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana.

Sumado a estas discrepancias, los sindicatos de la Contraloría General igualmente expresaron su preocupación por la forma como se adelanta el proceso. “La decisión de un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, de ordenar la elaboración de una nueva lista de elegibles, es contraria al ordenamiento jurídico, porque la acción popular no es el mecanismo idóneo para declarar la invalidez de una elección, como lo ha dicho claramente la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

Plantean además que “la revocatoria del proceso de selección, también desconoció una sentencia de tutela del Tribunal de Medellín, en la cual se dieron instrucciones muy claras, sobre cómo debe conformarse la lista. La mesa directiva del Congreso, en claro desacato, desconoció el fallo judicial, y, por ende, quebrantó el ordenamiento jurídico, exponiéndose a una responsabilidad penal, no sólo por prevaricato, sino también, por fraude a resolución judicial”.

Le piden al Congreso que restaure el ordenamiento jurídico de la elección del nuevo Contralor y al presidente Petro que “cumpla su promesa de campaña, de no interferir en el proceso de elección del Contralor General de la República, y, de respetar la independencia de este órgano de control. Menos, con acciones judiciales, y maniobras administrativas, producto de un claro desconocimiento del orden constitucional e internacional. Instamos el respeto por el diseño constitucional de pesos y contrapesos y el respeto por la autonomía e independencia de la Contraloría General de la República”.

La elección del contralor será el 18 de agosto, según indicó el presidente del Senado, Roy Barreras.