La Corte Constitucional tumbó el estado de emergencia en La Guajira decretado por el Gobierno
La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el decreto por el que el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira por la crisis humanitaria que vive el departamento, no es exequible, razón por la que lo tumbó.
Sin embargo, con esta decisión, el decreto no se caerá enseguida, sino que seguirá vigente hasta el próximo año, excepto aquellos puntos que no necesariamente se justifiquen con la sequía, como la crisis de educación en La Guajira.
“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, indicó la Corte en su comunicado.
Asimismo, la Corporación exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso para que adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria que existe en el departamento de La Guajira y por el que fue declarado el Estado de Cosas Inconstitucional desde 2017 por ese alto tribunal.
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El estado de emergencia intentó justificarse en el agravamiento de la situación en la que se encuentra La Guajira. La Corte Constitucional, en ese sentido, exhortó al Gobierno y al Congreso para que "adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira". Es decir, sin necesidad de un estado de excepción las autoridades deben trabajar por esa región.
La crisis fue constatada por el mismo alto tribunal en la Sentencia T-302 de 2017, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dad la grave vulneración de los derechos humanos a la que está expuesta la población wayúu. En esa resolución, la Corte llamó a adoptar medidas concretas y hoy lo ratificó al declarar inexequible al Decreto 1085.
La Corte, por último, instó al Gobierno y al Congreso a "que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático". En esa línea, pidió que "asignen los recursos que las circunstancias demanden".
A la decisión de la Sala Plena se opusieron las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo, así como el magistrado Juan Carlos Cortés. Aún no se conocen los motivos concretos de la decisión de la Corte Constitucional.
