Procuraduría vigilará el desarrollo de la reforma rural integral
Teniendo en cuenta la problemática agraria en Colombia, en lo concerniente a la informalidad en la tenencia de la tierra y la distribución de la propiedad, la Procuraduría General de la Nación anunció que vigilará el desarrollo de la reforma rural integral.
La razón de la vigilancia se basa en varias preocupaciones del ente de control, una de ellas, son los altos niveles de informalidad de la propiedad que se registran en la mayoría de los municipios del país, con 52,7% y que se estima que podría ser mayor.
“De los 1.121 municipios analizados, 175 presentan niveles de informalidad entre el 75% y el 100 % y cerca del 74 % de los municipios tiene un catastro desactualizado, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, explicó el Ministerio Público.
Otra de las preocupaciones, es la actualización del sistema registral, ya que cerca de 85.500 libros del antiguo sistema, que corresponden a casi seis millones de registros no están restaurados ni sistematizados a la metodología actual, lo que “atrae a los mercados ilegales, facilitan el despojo en los conflictos de orden social, desincentivan la inversión y obstaculizan el desarrollo económico”.
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En cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocas personas, el Ministerio Público alertó que no existe transparencia en los reportes de las cifras del cumplimiento de la meta la formalización de siete millones de hectáreas y tres millones para programas de acceso; ya que informes recientes indican que se han contabilizado títulos expedidos en años anteriores a la suscripción del Acuerdo de Paz, entre otras inconsistencias.
Finalmente, la Procuraduría manifestó su preocupación a la puesta en marcha de la Jurisdicción agraria, por las contradicciones en la definición e identificación de las acciones y medios de control judicial para controvertir los actos administrativos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras; así como la conveniencia de que las decisiones que pongan fin a los procesos agrarios especiales estén a cargo de los jueces bajo la nueva jurisdicción agraria y rural creada y no de la autoridad administrativa.
