El senador Roy Barreras y la senadora Angélica Lozano cuestionaron la decisión del Gobierno Nacional de pedir a la Corte Constitucional revisar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que establece reglas para la actuación de la Fuerza Pública durante protestas sociales, incluida la suspensión del uso de la escopeta calibre 12 por parte del Esmad.
“El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, con preocupante arrogancia, desconoce y desprecia a la Corte Suprema de Justicia. Ni una sola palabra en relación con las víctimas ni de reconocimiento y respeto a decisiones de la justicia. Mensaje que desinstitucionaliza”, aseguró Barreras.
Por su parte, la senadora Lozano aseguró que el gobierno quiere evadir la responsabilidad dictada por el Alto Tribunal. “Lamento que el Gobierno Nacional le haga conejo a la Corte Suprema de Justicia, es más fácil y sobre todo lo mejor para nuestra sociedad y nuestro país que le pidan perdón a la familia de Dylan Cruz, asesinado en las protestas el año pasado”, indicó.
Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Truijillo, se refirió a la sentencia emitida ayer por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordena a varios demandados, entre ellos el propio ministro, ejecutar una serie de acciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica de los colombianos.
“El Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020. (...) La protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política y esta se cumple dentro de la política de convivencia y seguridad ciudadana", dijo, y aseguró que la Fuerza Pública vela por garantizar los derechos y libertades de los residentes en el país.
“La Fuerza Pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen", dijo el ministro.
Y agregó que el Esmad interviene únicamente cuando se presentan “acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas".