Suspenden al alcalde de Armenia por presuntas irregularidades en contratos
La Procuraduría suspendió por tres meses al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, por presuntas irregularidades en cuatro contratos suscritos en medio de la emergencia por el coronavirus, por más de $1.590 millones de pesos.
El alcalde aún no se pronuncia al respecto, pero el órgano de control afirmó que comenzó la investigación por presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercado.
Además, se investiga un posible abuso de las potestades contractuales que al parecer llevarían a seleccionar indebidamente algunos proveedores sin idoneidad mediante el mecanismo de contratación directa.
De acuerdo con la Procuraduría, se tomó la decisión de suspender al mandatario para evitar que continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia a la contratación, ya que la inactividad del alcalde ante estos hechos, que al parecer estaban en manos de sus subalternos, advertía la posibilidad de que estas conductas se repitieran.
Aunque el alcalde había dicho que no contrataría más, está vigente un plan de adquisiciones por 100 mil millones de pesos, y paralelamente había iniciado una investigación interna que la Procuraduría consideró podía sesgar la información. Por esto también decidió apartarlo provisionalmente del cargo, puesto que además podría estar utilizando recursos de la entidad para los fines de su defensa.
La Procuraduría compulsó copia de la suspensión provisional a la delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones, así como a la Fiscalía General para su conocimiento y fines pertinentes.
En este proceso también se investiga a la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez, quien estaba allí para la época de los hechos; y al subdirector, José Javier Acero Osorio; al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano; y al asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera, quien laboraba allí cuando en el lapso investigado.
