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La situación ha generado rechazo e indignación por parte de los padres de familia y organizaciones de veeduría ciudadana.

Luego de cuatro años, sus padres se dieron cuenta del error.

Los precios varían entre los municipios que cuentan o no con laboratorios para el procesamiento.

Los cargos que imputarán son de terrorismo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y concierto para delinquir.

Las playas se reabrieron con protocolos y bajo horarios específicos.

Además del Covid-19 y la influenza, del departamento se enfrente a un aumento de casos graves de dengue.