Gobierno anuncia medidas urgentes para enfrentar crisis en Guaviare

Luego de que una comisión especial de presidencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) constatará las denuncias de abusos sexuales, desnutrición, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, así como el riesgo de las redes de trata de personas y microtráfico al que están siendo expuestos los menores indígenas de las comunidades nukak maku y jiw en Guaviare ya se conocieron las primeras medidas para enfrentar esta situación.

Entre las primeras medidas, se solicitará a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas el desarrollo de medidas de reparación de derechos territoriales para “la especial relación colectiva y espiritual que tienen los pueblos indígenas del Guaviare con su territorio”.

Asimismo, se priorizará de manera inmediata la revisión, actualización e implementación de los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas en vía de extinción en el Guaviare, Meta y Amazonas.

Adicionalmente, el Gobierno inició procesos de revisión disciplinaria en la regional Guaviare del ICBF por posible omisión de sus funciones tras conocer los 69 casos de violencia sexual que han sufrido los menores indígenas presuntamente por parte de civiles y militares que se aprovechan del hambre de los menores de edad para agredirlos.

De igual forma, se hará un seguimiento en el Ministerio de Defensa para determinar la evolución investigativa de los hechos reportados, que involucran a algunos miembros de las Fuerzas Militares.

Además, se decidió la creación, a más tardar en dos meses, de dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF del Guaviare, una de ellas de atención a la población indígena del territorio y la otra especializada en violencias basadas en género. 

También se aumentará la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia en el departamento del Guaviare, ya que actualmente es insuficiente, pues solo hay seis uniformados responsables de esa tarea para los cuatro municipios del departamento.

El Ministerio de Salud por su parte deberá presentar un plan de acompañamiento efectivo de las violencias que se presenten en el territorio, mientras que Gobernación y Alcaldía instalarán un servicio local de prevención y atención a la niñez que deberá “responder a las situaciones de interculturalidad que tiene el municipio y articular todas las estrategias de intervención estatal para la niñez tanto en un punto fijo de la zona como en itinerancia”, que contará con la participación de los líderes y mujeres indígenas del territorio, el acompañamiento de las organizaciones indígenas nacionales, y la cooperación internacional.

De la misma manera, se solicitó acompañamiento en mediación lingüística, porque el choque cultural se ve acentuado por la brecha de comunicación con los funcionarios de todas las entidades, incluyendo las defensorías de familia que no cuentan con intérprete que garantice un enfoque étnico para su labor.

En este plan también se contempla instalar en San José del Guaviare, en coordinación con el ICBF, la Gobernación y Alcaldía, un servicio de prevención y atención a la niñez en la zona de la calle 40. En este punto la Procuraduría también ha solicitado que aumenten los controles policivos en esta zona para proteger a los menores de edad.

Otras medidas que destacó el Gobierno son que en febrero se realizará una reunión con presencia del Ministerio de Agricultura para establecer orientaciones de abordaje de soberanía alimentaria que sean vinculantes para servicios sociales que brinde atención a la familia y la niñez en Guaviare.

Y el Ministerio del Interior será el encargado de apoyar a la Gobernación en la formulación, aprobación e implementación de la política pública de pueblos indígenas.

Horas antes de conocer este plan de acción, el cual estará monitoreando presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, le hizo un llamado al ICBF para que hagan más presencia en el territorio y visiten los resguardos.

A esa última tarea, se agregó que el ICBF deberá emitir boletines mensuales sobre el estado y situación de la garantía de los derechos de los niños y niñas de los pueblos en planes de salvaguarda por ser sujetos de especial protección en vía de extinción.