Procuraduría investiga proyectos con recursos de la paz en Risaralda y Quindío

La Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) – Paz, en proyectos por valor de 250.000 millones de pesos en regiones como Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Pijao

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al exalcalde de Pijao, en el Quindio, Edison Aldana Martínez cuyo período de gobierno fue entre 2016 y 2019, y al exsecretario de Planeación, John Jairo Betancourt Betancourt, por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de mejoramiento de vías terciarias de la ciudad, estructurado en virtud de la implementación del acuerdo de paz y financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Aparentemente, no se habría elaborado adecuadamente la póliza de responsabilidad civil extracontractual del proyecto, lo que al parecer ocasionó que el amparo establecido fuera otorgado por $165 millones, cuando en realidad debió constituirse por $414 millones, pues la cuantía del contrato, suscrito en 2019, era superior a los $4.800 millones.

Además, se investigan posibles deficiencias en el proceso de supervisión, así como una aparente demora en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma Secop.

Vía Belén de Umbría - Apía

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Gloria Inés Rodríguez Gálvez, supervisora del proyecto de mejoramiento y pavimentación de una vía entre los municipios de Belén de Umbría y Apía, en Risaralda, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. 

En este caso, el órgano de control investiga presuntas deficiencias en la estructuración y planificación del proyecto, materializadas en documentos que presuntamente no habrían permitido una adecuada ejecución de las actividades programadas, así como aparentes irregularidades administrativas relacionadas con publicaciones extemporáneas en la plataforma Secop.

En el desarrollo de ese proyecto, formalizado mediante la firma de dos contratos suscritos en 2019, la Gobernación de Risaralda actuaba como entidad ejecutora.

¿Qué dicen las organizaciones de la Paz en el Eje Cafetero?

“Hay un riesgo latente en el marco de la sociedad colombiana, no solo con el tema de la paz, sino también con la reproducción de ciertas prácticas históricas de la forma en la cual se roban dinero. Esto es una muestra de lo mismo, la transición hacia la paz implicaba un compromiso de orden nacional, pero también de orden local y regional para poder implementar muchos de los proyectos que están en esa transición, en ese programa. Es un riesgo enorme que desde algunos actores de la sociedad se empiece a instrumentalizar los recursos para la paz que afecta muchos niveles de la construcción de la sociedad, donde la paz es uno de los eslabones principales en esa construcción”, dijo Óscar Martínez, Coordinador regional de la Comisión de la Verdad en el Eje Cafetero.

“Nosotros tenemos que decir que el gobierno saliente deja la implementación del acuerdo de paz no solamente en un déficit de implementación, sino también en un déficit de presupuesto que ha tenido un correlato regional, tal como los hechos que se están denunciando. Desde la Corporación Ubuntu Territorio y Paz en el Quindío hemos venido exigiendo a las autoridades territoriales durante los últimos años que la paz tiene que ser financiada, y esto no ha tenido una respuesta eficaz. Es necesario investigar inmediatamente estos usos indebidos de los recursos de la paz, y las personas responsables tanto en el orden nacional como regional tienen que responder”, señaló Felipe López, director de la Corporación Ubuntu Territorial y Paz.

Por otro lado, los analistas señalaron que la violencia ha tomado forma en el país no solamente por la disputa del poder político, sino también como una respuesta a las carencias básicas del pueblo colombiano, y que robarle recursos a la paz, es robarle a las posibilidades de construcción de un país más justo y equitativo.