Tras acuerdo entre Gobierno y comunidades, se levantó bloqueo en la Ruta del Sol

Cuatro días después que se paralizara por completo el Magdalena Medio y ad portas de una crisis económica y social, finalmente se levantó el bloqueo que campesinos habían montado en varias vías nacionales, locales y veredales de la región para mostrar su descontento.

El punto crucial era en el sector de La Lizama, sobre la Ruta del Sol en la vía que desde el centro occidente del país conduce hacia Barrancabermeja y Bucaramanga. Allí, desde la noche del 26 de enero, las comunidades empezarán a despejar “de manera intermitente” el paso para las más de mil personas que durante casi 72 horas quedaron atrapadas.

En este punto de concentración, la razón principal de la manifestación tenía que ver con la falta de garantías para la vida que sufrían miles de campesinos en toda la región del Magdalena Medio. Esto, debido a la ausencia de garantías de seguridad para los campesinos y la militarización de sus territorios después del anuncio del cese al fuego bilateral que anunció el Gobierno Nacional hace algunos días.

Para dar a conocer esta decisión, se leyó un comunicado conjunto entre la viceministra del Interior y delegada para el Diálogo Social, Lilia Solano; y Leidy Gil, vocera de la Región de los dos Ríos en el Paro Regional.

En el primer punto del comunicado, leído justamente por la vocera del Gobierno Nacional, se admite que el paramilitarismo continúa vigente en Colombia y que ha mutado a otros estamentos de la sociedad. “Existe una crisis humanitaria en los territorios, y una grave violación de los derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, no solo desde lo militar, sino político, cultural, económico y social”, y que, además, “ha existido por décadas un proceso genocida contra el movimiento popular”.

Precisamente a mediados de enero apareció un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el que amenazaban de muerte a los líderes que “se oponen al desarrollo económico de la región”, decía el panfleto en ese momento. Esto, sumado a los múltiples hechos de violencia e intimidaciones de grupos paramilitares que se venían presentando y denunciando desde 2021 en los municipios de la región.

En tal sentido, y para empezar a prender las luces en este sendero oscuro que ha vivido la región, se acordó sentar las bases de una hoja de ruta que permita “abordar la declaratoria de emergencia humanitaria mediante acto administrativo para superar las causas que originaron esta crisis”, reza el comunicado conjunto emitido hace pocas horas.

Para lograrlo, el Gobierno Nacional se comprometió con la comunidad a crear una Comisión de Declaratoria y Solución a la emergencia humanitaria para hacerle un seguimiento a la crisis social que se vive en la “macroregión del Magdalena Medio”, con reuniones que no se llevarán a cabo exclusivamente en Bogotá.

Desde la perspectiva de los miles de manifestantes que se movilizaron todos estos días, “se logró algo histórico”, le admitió a Radio Nacional de Colombia Leonardo Jaimes, vocero del Congreso de los Pueblos, organización social que estuvo presente en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional.

“El Estado estuvo presente, se reconoció que existe una crisis humanitaria y se aceptó conformar una Comisión de Seguimiento que permita estudiar propuestas para desmantelar el paramilitarismo”, explicó el abogado Leonardo Jaimes.

De acuerdo a lo expresado, el próximo lunes 13 de febrero se instalará esta comisión que estará conformada por delegados de la Presidencia, Ministerio del Interior y Defensa, Procuraduría General de la Nación, Alto Comisionado para la Paz, Comunidad Internacional, garantes y delegados de las organizaciones que hicieron parte de la movilización social que se vivió en esta región durante los últimos cuatro días. Estos líderes sociales serán notificados ante el Ministerio del Interior en su debido momento.

Entre tanto, se acordó el levantamiento del bloqueo que había en el sector de La Lizama. Para hacerlo, conoció Radio Nacional de Colombia, durante la noche del jueves 26 de enero, que se abrió paso durante dos horas para despejar la mayor parte del tráfico que estaba represado en la vía, esto es, cientos de carros particulares, decenas de buses que aguardaban con sus pasajeros a la intemperie y sin suministros de agua o alimentos, y otras docenas de tractocamiones con hasta 2.700 toneladas de mercancía que en unas horas más de paro se hubiese podido perder. Este viernes 27 de enero, desde las seis y hasta las ocho de la mañana, se seguirá habilitando el paso y de manera definitiva se levantará por completo este bloqueo entre las 12 del mediodía y las dos de la tarde.

No obstante, el otro punto de bloqueo, en el sector de Oponcito, se mantiene.

Allí, la razón principal de las comunidades para protestar tiene que ver con la inconformidad que existe por el otorgamiento de una licencia de minería de carbón a cielo abierto que la Corporación Ambiental de Santander, CAS, le otorgó a la empresa multinacional Colcco para extraer este mineral en zona rural del municipio de Carmen de Chucurí.

Aunque hace dos días la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, afirmó que se demandará la nulidad de la licencia otorgada por la CAS, ese anunció no ha sido del todo suficiente para levantar la manifestación.

Lo que sí admitió la comunidad fue hacer parte de una mesa de seguimiento paralela que también lideró la viceministra del Interior, Lilia Solano, durante las últimas horas. Según explicó, los líderes de esa manifestación llevarán las conclusiones para discutirlas con la comunidad que estaría directamente afectada para llegar a un acuerdo que comunicarán en su momento. Al respecto de ese tema, la funcionaria del gobierno no profundizó en detalles.