Medicina Legal en Caldas refuerza la identificación de víctimas del conflicto armado
La Secretaría de Gobierno de Caldas, como respuesta a una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, para la protección y preservación de lugares donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, entregó ocho cámaras al Instituto de Medicina Legal para facilitar dicha identificación.
En este departamento la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas recuperó durante el 2023 un total de 263 cuerpos de posibles víctimas del conflicto, de los cuales 96 no identificados fueron exhumados en los cementerios del oriente de Caldas y en Riosucio, Caldas.
Cabe destacar que la JEP en su momento atendió la solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para decretar una medida cautelar, con el objetivo de proteger los lugares identificados como estratégicos para la inhumación de víctimas del conflicto armado.
El secretario de gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, explicó que “con esta iniciativa la Gobernación reafirma su determinación en contribuir activamente a la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Agregó que, “estos planes tienen como objetivo lograr la memoria y la verdad, incluyendo apoyo y cooperación con Medicina Legal para superar las carencias relacionadas con locaciones, equipos e insumos”.
Estos elementos que contaron con una inversión de más de 47 millones de pesos, buscan potenciar la capacidad tecnológica del Instituto, especialmente en los municipios del Magdalena caldense afectados de manera más fuerte por el conflicto armado, entre ellos Victoria, Norcasia y Samaná.
Lugares donde la JEP identificó la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y presupuestales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dando a entender que esto sería un obstáculo en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
De esta manera lo reiteró William Escobar, director de la regional occidente del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al manifestar que “la labor del Instituto requiere de alta tecnología, sin duda las cámaras son un aporte importante para que los forenses y los peritos puedan tener una mayor documentación y lo hagan de una manera más eficiente para que se esclarezcan los casos”.
Cabe resaltar que esta misma orden se emitió para las gobernaciones de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, con la cual se solicitó desarrollar planes integrales de atención a víctimas de dicho flagelo.
