La operación militar se desarrolló en la vereda Manizalito de Norcasia debido a las afectaciones que estaría sufriendo el río Samaná a causa de la actividad ilegal.
La comisión encargada de la investigación estuvo conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
