Desde la Fiscalía General se disponen de canales para recibir denuncias sobre delitos electorales que podrían alterar la jornada democrática de este 8 de marzo.
Una de las peticiones de los manifestantes es que en sus territorios PDET se inviertan los recursos para el mejoramiento de las vías, escuelas y centros de salud.
El predio fue adjudicado a familias vinculadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en un proceso enmarcado en la política de Reforma Agraria del Gobierno Nacional.
Los predios, ubicados en Turbo y San Pedro de Urabá, pertenecieron a familiares de alias "Otoniel" y la "Casa Castaño" que serán entregados a familias campesinas y víctimas del conflicto.
