Denuncian amenazas contra magistrados de la JEP
Según el panfleto firmado por las Águilas Negras, estas personas fueron declaradas objetivo militar por su labor de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y los acuerdos de paz firmados en La Habana por el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de las Farc.
“Sentencia de muerte a los guerrilleros, abogados, colaboradores del fracasado proceso de paz. No le permitiremos respirar más, por lo tanto, a los colaboradores que, disfrazados en buscar campos minados y supuestos cuerpos desaparecidos, engañan al país con el fracasado acuerdo de paz. A esos abogados de guerrilleros, magistrados colaboradores y supuestos defensores de derechos humanos cómplices de las Farc y de los comunistas progresistas deben morir, en consecuencia, los declaramos objetivo militar, con nuestros bloques”, asegura el panfleto.
No han sido las únicas amenazas
Estas amenazas no han sido las únicas presentadas contra los magistrados de la JEP. En mayo, la entidad denunció que los magistrados Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, recibieron mensajes amenazantes y coronas fúnebres por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Tras la situación, la entidad solicitó a la Fiscalía General y a las autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a los responsables.
“Al Gobierno Nacional le pedimos que desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos”, añadieron desde la JEP.
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Cabe resaltar que el magistrado Alejandro Ramelli actualmente se encuentra investigando las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, en Dabeiba (Antioquia).
Entre las exhumaciones llevadas a cabo en el cementerio de Dabeiba, la JEP ha reportado características y elementos asociados que permiten inferir contextos de muerte violenta como amarres en manos, pies, mordazas y vendas. Personas enterradas en total estado de indefensión. Algunas de ellas, incluso, presentan indicios que apuntan a la realización de necropsias antes de las inhumaciones, pese a que los cuerpos fueron enterrados de forma ilegal en 29 fosas del cementerio Las Mercedes, que fueron inspeccionadas por los peritos de la Jurisdicción desde 2019.
