En medio de la recta final de la campaña presidencial, el Ministerio del Trabajo reveló un preocupante panorama sobre presuntos casos de constreñimiento electoral y laboral en diferentes regiones del país. Según un informe consolidado de la entidad, en apenas dos semanas se han recibido 104 denuncias formales relacionadas con presiones indebidas ejercidas por empleadores sobre sus trabajadores para influir en su voto.
Las denuncias se han reportado en 18 departamentos, lo que para la cartera laboral evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una grave situación a nivel nacional.
Posible subregistro por temor de los trabajadores
Aunque la cifra oficial alcanza las 104 denuncias, el Ministerio del Trabajo considera que el fenómeno podría ser mucho mayor.
Según el informe, muchos trabajadores prefieren no ratificar las denuncias ante los inspectores laborales debido al miedo a represalias o a perder sus empleos.
"Las investigaciones del Ministerio del Trabajo se enfrentan contra un muro de silencio porque los y las trabajadoras se abstienen de confirmar las presiones ante los inspectores debido al pánico a las represalias y el temor inminente a la pérdida de sus empleos", señala el documento.
Como ejemplo, la entidad menciona que en el Valle del Cauca se registraron únicamente cuatro denuncias formales, pero durante reuniones con trabajadores de ingenios azucareros se habrían conocido múltiples denuncias verbales sobre presuntas presiones políticas.
No te lo pierdas: Autoridades reportan 660 denuncias relacionadas con el proceso electoral y 8 personas capturadas
Amenazas de despido, pruebas del voto y presiones directas
Las denuncias recopiladas por el Ministerio del Trabajo describen un patrón de presuntas presiones ejercidas por algunos empleadores para influir en la decisión electoral de sus trabajadores. Los testimonios conocidos por la entidad incluyen amenazas de despido, exigencias para demostrar el sentido del voto y advertencias sobre supuestas consecuencias laborales en caso de no apoyar a determinados candidatos.
Dentro de los relatos allegados a la cartera laboral aparecen expresiones como:
"El gerente dice que levanten las manos los petristas porque los vamos a sacar".
Otra denuncia señala que:
"Se denuncia que socios estarían amenazando a los trabajadores, advirtiéndoles que si no votan por el candidato Abelardo de la Espriella perderán su empleo, y que si dicho candidato no resulta elegido el 22 de junio deberán buscar otro trabajo".
Un trabajador denunció ante las autoridades que recibió presiones directas de parte del propietario de la empresa:
"El empresario dueño me expresa 'Que yo era uno de los torcidos y que él no iba a darle de tragar a zánganos, que si no lo apoya en el voto por el que él iba que ya sabía lo que me tocaba hacer, es decir renunciar'".
Las denuncias también incluyen presuntos casos de retención salarial para influir en el comportamiento electoral de los empleados. Según uno de los reportes recibidos:
"Nos retuvieron el salario hasta tanto estén seguros de que su candidato quedó electo o pasará a segunda vuelta".
Uno de los aspectos que más preocupa al Ministerio del Trabajo es la presunta vulneración del carácter secreto del voto. Varias quejas afirman que algunos empleadores estarían exigiendo fotografías del tarjetón marcado como mecanismo de verificación.
Entre los testimonios recopilados se encuentra el siguiente:
"Fueron reunidas alrededor de 25 personas para obligarlas a votar por Abelardo de la Espriella, y que como pruebas tenían que tomarle foto al tarjetón con una manilla que deben llevar puesta ese día".
Otra denuncia señala:
"La denuncia indica que se estaría solicitando a los trabajadores votar por Abelardo de la Espriella y aportar una fotografía al momento de votar como prueba; de no hacerlo, se les exigiría presentar la carta de renuncia".
A estas prácticas se suman presuntos ofrecimientos económicos para obtener apoyo electoral. De acuerdo con el informe, algunos trabajadores denunciaron pagos y bonificaciones a cambio de votos o de conseguir nuevos apoyos para campañas políticas.
Entre los testimonios aparece:
"...ofreciendo $150.000 por voto, con un adelanto de $50.000 y retención de la cédula de ciudadanía, dirigida a autoridades, líderes indígenas, campesinos, trabajadores..."
Asimismo, otro reporte señala:
"Nos ofrecen un incentivo de $100.000 por inscribir a una plataforma nuestros datos y de 10 personas para apoyar a Abelardo".
Según el Ministerio del Trabajo, estos hechos hacen parte de las investigaciones administrativas en curso y, de comprobarse, podrían constituir violaciones a la legislación laboral y eventuales conductas sancionables en materia penal.
Te puede interesar: “Hay 800.000 cédulas de más”: Pdte Petro denuncia irregularidades en el preconteo electoral
Salud, minería, comercio y entidades territoriales entre los sectores más afectados
El análisis realizado por el Ministerio del Trabajo muestra que las denuncias por presunto constreñimiento electoral se extienden a diversos sectores de la economía. Entre los más señalados aparecen clínicas, hospitales, IPS y laboratorios; empresas mineras y energéticas; multinacionales; operadores de juegos de azar, giros y servicios financieros; cadenas comerciales, industrias textiles, grandes superficies, restaurantes y empresas del sector agropecuario, así como alcaldías y gobernaciones. Según la cartera laboral, las modalidades denunciadas incluyen amenazas de despido, presiones sobre la continuidad de contratos, reuniones políticas obligatorias, exigencia de asistir a eventos de campaña, solicitud de pruebas del voto y uso de espacios laborales para promover determinadas candidaturas.
El informe advierte que, en algunos casos, los trabajadores habrían sido obligados a utilizar prendas o elementos con mensajes políticos durante su jornada laboral, mientras que en otros se les habría advertido sobre supuestos cierres empresariales, afectaciones económicas o pérdida de empleo si triunfaba una determinada opción electoral. Asimismo, se reportan denuncias contra contratistas de entidades territoriales que aseguran haber sido presionados para apoyar campañas políticas con la advertencia de que la continuidad de sus contratos dependería de su respaldo electoral, una situación que, según el Ministerio, evidencia que estas prácticas estarían afectando tanto al sector privado como al público en distintas regiones del país.
Entre los casos reportados, una denuncia señala que personal médico y asistencial de una clínica en Barranquilla habría sido presionado para utilizar gorros quirúrgicos con la inscripción “Firme por la patria” y participar en actividades proselitistas durante su jornada laboral. En otro caso, trabajadores denunciaron haber sido obligados a usar camisetas de la Selección Colombia y posar en fotografías como muestra de apoyo a una campaña presidencial.
Visitas de inspección y medidas preventivas
Como respuesta a las denuncias, el Ministerio del Trabajo informó que ha realizado 32 visitas de inspección.
De acuerdo con el balance oficial, 15 de esas actuaciones derivaron en medidas preventivas, lo que representa el 46,9 % de las visitas realizadas.
La entidad indicó que estas acciones buscan proteger el derecho de los trabajadores a ejercer libremente su participación política y electoral.
Lee también: Compra de votos, discurso de odios y presiones electorales: denuncias a la campaña de Abelardo de la Espriella
“El mundo del trabajo debe estar libre de toda presión”: Antonio Sanguino
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que las denuncias se han recibido en distintas regiones del país y afectan tanto a empresas nacionales como multinacionales.
"Directivos y empresarios, haciendo uso de su relación jerárquica sobre los trabajadores, los presionan de distinta manera para que voten o para que elijan una determinada opción en la contienda presidencial", afirmó.
El funcionario recordó que estas conductas violan el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo y además pueden constituir delitos contemplados en el Código Penal.
"El mundo del trabajo debe estar libre de toda presión para que los trabajadores ejerzan su derecho al voto de manera libre, de manera autónoma, como debe ocurrir en toda democracia", señaló.
Asimismo, informó que el Ministerio ha expedido más de diez medidas preventivas y una circular dirigida a garantizar el ejercicio libre del sufragio.
Además, indicó que la entidad compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional, a la Misión de Observación Electoral y a observadores internacionales para que conozcan los hechos denunciados.
🗣️🗳️#Política | @MintrabajoCol REPORTA 65 DENUNCIAS POR PRESUNTO CONSTREÑIMIENTO ELECTORAL
El ministro del Trabajo, @AntonioSanguino, confirmó que se han recibido más de 60 alertas en diferentes regiones del país por presiones de empleadores hacia sus trabajadores de cara a las… pic.twitter.com/EyO8FlQAdG— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 19, 2026
Presidente Petro afirma que las denuncias involucran a 400 empresas
Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de X que las denuncias recibidas por las autoridades involucran a un número mucho mayor de compañías.
"Son 400 las empresas de las que se ha recibido denuncias de constreñimiento al voto. El voto es libre", escribió el mandatario.
El presidente Petro también recordó que inducir o impedir el voto de los trabajadores constituye un delito y advirtió que los empleados que deban laborar el domingo tienen derecho a desplazarse a votar y regresar posteriormente a su puesto de trabajo.
"Empleador que impida votar a una o un trabajador en turno laboral, comete un delito y cualquier trabajador puede denunciarlo", afirmó el jefe de Estado.
Son 400 las empresas de las que se ha recibido denuncias de constreñimiento al voto.
El voto es libre
Informo:
1. Si un empleador induce o impide el voto de sus trabajadores comete un delito.
2. Si el empleador pone en turno laboral a los electores el día domingo, la o el… https://t.co/JMi187GZjU— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2026