Corte protege a comunidad indígena Jiw en peligro de extinción
La Corte Constitucional ordenó a la Gobernación de Meta y a otras entidades del país proteger los derechos fundamentales de la comunidad indígena Jiw, ubicada en Mapiripán y conformada por 999 miembros, que actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la falta de acceso a salud, alimentación, agua, entre otros derechos fundamentales.
El alto tribunal identificó que además de esas carencias, esta población no cuenta con un territorio e identidad cultural, pese a los problemas de desplazamiento no hay un plan de reubicación y por lo mismo no hay estabilidad socioeconómica, acceso a vivienda, etnoeducación y a la protección de los derechos de los niños.
En su decisión, la Corporación resaltó que se deberá garantizar el acceso a la salud, a brigadas de nutrición, las condiciones de acceso al agua, diagnóstico de la tierra, educación y financiación de proyectos para esta comunidad, que históricamente ha sido afectada por el conflicto armado y que han sufrido despojos y desplazamientos forzosos.
Por ejemplo, en el caso de las brigadas, la Corte Constitucional le da 15 días a la Secretaría de Salud de Mapiripán para que realicen “valoración y atención de los integrantes de la comunidad indígena −priorizando niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas diagnosticadas con patologías o en condición de discapacidad”.
Otra de las órdenes que impartió el alto tribunal es que la Alcaldía de Mapiripán asegure el abastecimiento de al menos 50 litros de agua potable diarios por persona, para consumo personal y doméstico y que adelante una evaluación de las fuentes hídricas que aprovecha para su sustento este grupo étnico, con el fin de verificar si han sufrido algún tipo de afectación.
Asimismo, la Alcaldía, junto a la Secretaría de Educación, deberá identificar a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar que pertenecen a la comunidad Jiw, cuántos de ellos se encuentran recibiendo clases y cuántos no, para lo que les da 10 días hábiles.
Finalmente, la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, en cuatro meses, realice un estudio técnico de las propiedades del suelo para cultivos del resguardo Jiw, “con el fin de efectuar un diagnóstico sobre los presuntos problemas de infertilidad de la tierra, determinar qué medidas se pueden adoptar para corregirlos y/o qué variedades de actividades agropecuarias se pueden desarrollar en el nuevo territorio, de acuerdo con las necesidades alimentarias y según las prácticas, tradiciones y modos de subsistencia de dicho grupo étnico”.
